Dentro de pocos días llegará a la Corte Suprema la causa que planteó el grupoClaríncontra el artículo 161 de la ley de medios, que redujo a un año la duración de las licencias de explotación de emisoras de radio y TV que vencían dentro de una década.

La Cámara en lo Civil y Comercial Federal suspendió la aplicación del citado artículo, por lo cual la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario, que ayer fue concedido: esto no significa que el Gobierno tenga razón, sino que el planteo quedó en condiciones de ser estudiado por la Corte Suprema.

Los grupos Claríny Vila presentaron demandas contra el llamado plazo de desinversión. El 14 de mayo, la Cámara en lo Civil y Comercial confirmó una medida cautelar dictada en primera instancia y mantuvo la prohibición de aplicar el artículo 161. Para ese tribunal de apelaciones, la ley de medios "modificó las reglas de juego a las cuales las empresas habían ajustado su comportamiento y realizado sus inversiones".

Además de varias medidas cautelares que suspenden la aplicación de algunos artículos de la ley, todavía está en pie otra medida cautelar que paralizó esa norma en su totalidad. Aun cuando fue revocada por la Cámara Federal de Salta, la ley sigue suspendida mientras no se expida la Corte.

No obstante, aferrado al fallo del tribunal salteño, el Gobierno desconoce la suspensión y avanza con la instrumentación de la ley: esta semana dio tres pasos concretos en esa dirección.

El lunes publicó en el Boletín Oficial el decreto 904/10, que dio un plazo de diez días hábiles a todas las señales audiovisuales y a las productoras para que se presenten ante el nuevo registro, a fin de poder identificar a sus titulares y sus socios y la condición fiscal de cada una de ellas.

El martes, mediante el decreto 922/10, designó como director de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado al ingeniero agrónomo Alberto Cantero Gutiérrez. Este legislador cobró notoriedad hace dos años, porque fue titular de la Comisión de Agricultura durante el conflicto entre el Gobierno y el campo.

La Autoridad Federal de Aplicación (Afsca), mediante la resolución 174/10, inició el llamado Procedimiento de Elaboración Participativa del decreto reglamentario de la ley y sometió un proyecto a consideración de la ciudadanía, para que la gente pueda hacer observaciones en un plazo de quince días.