José Manuel de la Sota siempre sostuvo que el gobernante que aumenta los impuestos lo hace porque no sabe administrar. A partir de ayer, con la aprobación de la tasa vial, tendrá que archivar esa conclusión. Cargarle la culpa a la Nación por los incumplimientos en los envíos a la Provincia –que es real– seguramente no alcanzará para convencer a los consumidores, que pagarán en Córdoba el combustible más caro que en las provincias vecinas.

El ardid de denominar tasa vial a lo que a
todas luces es un gravamen al consumo, para recuperar las finanzas provinciales, tal vez 
alcance para cubrirse de los posibles embates judiciales de quienes se sientan perjudicados. Pero será 
difícil que los cordobeses y quienes visiten la provincia no crean que se trata de un 
impuesto. Habrá que ver cómo marcha su implementación, 
sobre la que hay algunas 
incógnitas; pero la tasa vial llegó para quedarse, aun si 
hubiera un acuerdo con el poder central.

El delasotismo planea 
conseguir unos 500 millones de pesos anuales con esta 
flamante tasa, que, dicen, se destinará a obras viales. En 2013, se ahorraría otros 900 
millones por el ajuste a los 
jubilados. Con esos recursos, De la Sota espera cruzar el 
desierto de sequía financiera al cual lo condenó el kirchnerismo, luego de que decidiera desafiarlo. Pagará un costo político por esta tasa, pero también por imponer otra ley con la amplia mayoría de que el oficialismo goza en la Legislatura, en un sistema unicameral que de poder independiente tiene poco.

Esto quedó al descubierto en la noche del miércoles 8, cuando el propio gobernador llegó al recinto con un proyecto –que desconocían hasta los legisladores del PJ– y dos horas 
después el texto ya estaba convertido en la ley que postergó por seis meses los aumentos a los jubilados. Por lo que dicen las encuestas que maneja el delasotismo, por ahora al gobernador le alcanza con culpar al kirchnerismo para arriar algunas de sus principales banderas.