La firme decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba es no reajustar los sueldos de los empleados judiciales hasta agosto, mes durante el cual el alto tribunal aceptará volver a discutir salarios. "Simplemente porque no hay fondos", dijo una fuente oficial.

Con el proyecto de ley del Ejecutivo para otorgar un incremento de casi el 50 por ciento a legisladores y funcionarios, el gremio judicial que encabeza Irina Santesteban volverá a la carga con los reclamos de un ajuste y le pedirá al Tribunal Superior que le reclame un refuerzo presupuestario al gobernador Juan Schiaretti.

Hasta ahora, los judiciales recibieron 10 por ciento en febrero y en abril se añadió otro dos por ciento retroactivo a febrero, con lo que se totalizó una suba del 12 por ciento, que según las autoridades judiciales, se acordó hasta el 1° de agosto.

Durante el acto realizado el martes pasado en la Casa de Gobierno, donde se anunció la erradicación de las denominadas celdas de aislamiento en las cárceles de la provincia, el gobernador Juan Schiaretti y el secretario general de la Gobernación, Ricardo Sosa, mantuvieron un breve diálogo con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mercedes Blanc de Arabel, en la que conversaron sobre el prolongado conflicto judicial.

Del diálogo surgió que hasta agosto el Gobierno -que paga los sueldos de magistrados y empleados judiciales- no puede aportar partidas extra para incrementar las remuneraciones de los 5.400 empleados que tiene la Justicia.

El Tribunal Superior solamente afronta con la recaudación de la tasa de Justicia los insumos, gastos de mantenimiento y algunas refacciones. Pero está expresamente prohibido utilizar los fondos de la tasa de Justicia para sueldos.

"No vamos a permitir que conviertan al Poder Judicial en la Municipalidad", dijo una fuente en referencia al estilo adoptado por el gremio judicial que encabeza Irina Santesteban, de apelar a las prolongadas asambleas como mecanismo de lucha sindical.

Desde el Tribunal Superior son categóricos al afirmar que no negociarán con el gremio mientras persista cualquier medida de fuerza. El alto tribunal respeta la figura de Santesteban, pero al mismo tiempo está decidido a limitar eventuales desbordes.

Las autoridades judiciales no están dispuestas a aceptar bajo ningún aspecto la apertura de una paritaria para el sector por una cuestión de autonomía y porque además no se práctica en el resto de la administración.

En los pasillos de tribunales sostienen que también hay una interna de los delegados de la Policía Judicial con el gremio y que en esa puja Santesteban se ve forzada a sostener una postura más dura.

El Tribunal Superior ya firmó un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, por el cual la casa de altos estudios le proveerá de técnicos idóneos en caso que el conflicto de la Policía Judicial se prolongue.

En la Justicia también reconocen que se abrirá una investigación ya que la semana pasada la Policía Judicial no cubrió las guardias mínimas como la obligaba la acordada del alto cuerpo. Las sanciones van desde un llamado de atención hasta una cesantía pasando por un apercibimiento.