El Encuentro Nacional sobre Trata de Personas sirvió para exponer las experiencias que luego serán utilizadas para profundizar las políticas contra esta forma de opresión, en forma articulada con los estados provinciales y municipales.

En su alocución, Osuna dijo que “debíamos aclarar que no estábamos empeñados en una campaña moral sino que era un trabajo de dignificación de las personas, de política de derechos humanos y de cumplimiento de las leyes, donde el municipio tiene la responsabilidad de ejercer, desde el Estado local, un rol activo que el Estado había perdido”.

Indicó que identificaron “87 mujeres en situación de altísimo riesgo, formulamos las denuncias ante la justicia Provincial y Federal, donde identificamos situación abierta de trata. Actuamos con acciones protectoras, desarrollamos un programa de trabajo junto a ellas con el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Educación. Eran mujeres jóvenes en situación de crianza de niños, un 70% de Entre Ríos y el resto de Santa Fe y Buenos Aires, que llegaron a esa situación como última alternativa para sostener sus familias”, describió Osuna.

La presidenta municipal remarcó que estas mujeres se manifestaron a favor de “ser incluidas en programas de emprendimientos e iniciativas laborales y de finalización de escuela primaria y secundaria”. Dijo que hay 30 mujeres terminando la escuela secundaria, y 48 que están dentro de un convenio que se lleva adelante con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y con la Oficina de Empleo Municipal.

Tras el cierre de los prostíbulos, habló de la creación del Consejo Municipal de la Mujer. “un ámbito de encuentro, asesoramiento y debate, donde representantes de la Justicia, del Gobierno Provincial y municipal, organizaciones sociales, vecinales, clubes, sindicatos y demás instituciones vinculadas a la problemática”. Agregó que allí surgieron ideas, campañas de concientización comunitaria sobre la trata, la explotación sexual y las consecuencias en la comunidad.

PANELISTAS. Disertaron Ileana Arduino, subsecretaria de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios de Seguridad; Kasper Anderson, de la Embajada de Suecia en Buenos Aires; Paola Honisch, directora Nacional de Articulación y Enlace con los Ministerios Públicos y Ministerio de Seguridad; el detective Simon Haggstrom, de la Stockholm Police Force prostitution Unit. Además de María Cuadra, del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Juan Ignacio Candiotti, fiscal Federal del Tribunal Oral Federal de Paraná.