¿Qué puede tener en común la Facultad de Arquitectura de La Plata con los oscuros negocios que suelen tejerse alrededor de las tragamonedas? Aunque a simple vista no debería haber relación, actualmente existe un convenio de capacitación laboral que une esa unidad académica de la UNLP con la controvertida fundación Florencio Pérez, que tiene a su cargo la licencia para la explotación del Bingo Platense.

Esta entidad civil “sin fines de lucro” es investigada por la Justicia bonaerense por diversas irregularidades. Y algo similar ocurre con la empresa Codere, que regentea la mencionada sala de juego (en sociedad con la fundación) y que fue denunciada penalmente en La Plata a fines de 2008 por presunta evasión de impuestos, lavado de dinero y estafas.

Actualmente, el decanato de la Facultad de Arquitectura es comandado por Gustavo Azpiazu, que asumió en abril pasado luego de desempeñarse, durante seis años, como presidente de la Universidad platense. Es decir, si algo no le falta a las autoridades de esa unidad académica es experiencia académica. En ese sentido, difícilmente pueda revestir algún interés educativo o social esta fundación (dirigida por Raúl Kraiselburd), que está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata por no cumplir con el objeto social propuesto en su creación: la rehabilitación de drogadependientes. No es un dato menor, ya que realizar actividades solidarias es el requisito que la ley exige para mantener la licencia y, por ende, recibir una parte del dinero que generan las tragamonedas. La contradicción es tal que esa fundación, al ser la licenciataria, también debería ser la que controle al Bingo de nuestra ciudad, algo que obviamente no ocurre, ya que es socia de Codere.

Esta fundación fantasma fue creada a principios de la década del ‘90, unos pocos meses antes de que se instale el Bingo, y ni siquiera tiene sede propia: funciona en diagonal 80 nº 847, lugar donde existe el periódico platense que es dirigido por Kraiselburd.

Pero el vínculo de la UNLP con el negocio del juego no se reduce al convenio con Arquitectura. La Facultad de Informática, a través de lo que se conoce como trabajos a terceros, presta servicios de auditoría de los sistemas de control on line (ver aparte), cuya función es determinar lo que se juega minuto a minuto en cada una de las 15 mil máquinas tragamonedas que funcionan en el territorio bonaerense. Ese sistema, a su vez, establece los impuestos que debe recaudar la Provincia en función de los ingresos de cada maquinita.

En el año 2008, el entonces interventor de Lotería, Luis Alberto Pelusso, envió una carta documento a la UNLP informando que el gobierno bonaerense había decidido dar de baja ese contrato. Hubo una negociación y, dos meses después, la Provincia retrotrajo su decisión, renovando el contrato con la casa de altos estudios platense.

Sistema de control, en la mira

El control on line está en el ojo de la tormenta, desde hace años. Distintos trascendidos dan cuenta de que se producen, de forma recurrente, apagones en el sistema, con lo cual durante largos lapsos de tiempo la Provincia no puede tener acceso a la facturación real de las tragamonedas. Se estima que, anualmente, las 15 mil maquinitas generan ingresos por 8 mil millones de pesos.

“El sistema es muy oscuro por donde se lo mire. Incluso la Universidad de Buenos Aires estuvo a punto de firmar un convenio para hacer el mismo trabajo que hace la UNLP, pero decidió retirarse. Dijeron que no estaban dispuestos a sacrificar el prestigio de la institución académica”, le dijo a Hoy una alta fuente vinculada con Lotería.

Un hecho que trascendió públicamente, y que puso en evidencia las falencias en los mecanismos de control, fue cuando una tragamoneda del bingo de Lomas del Mirador (que también regentea Codere) le arrojó a una apostadora un premio de $ 35.663.093, cifra que obviamente nunca fue abonada por la empresa. “Si el sistema de control hubiese funcionado correctamente, jamás podría haber dado semejante precio. Finalmente, Codere terminó arreglando por mucho menos dinero con la apostadora, para silenciar el caso. Pero las falencias en los controles persisten”, concluyó la fuente consultada por este diario.