La figura le permite a terceros ajenos a la causa emitir opiniones en torno al tema. Según se pudo conocer, la ADC se sumó hace dos semanas con esta figura legal a la cual ya adhirieron la Comisión de la Mujer de la UNSa., Red Par, la Comisión Latinoamericana de Derechos de la Mujer (CLADEM), y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELLA). Ahora se espera que se sumen distintas asociaciones como la Clínica de Interés Público de Córdoba, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Nacional de Córdoba, Católicas por el Derecho a Decidir, y la asociación estadounidense con base en Colombia, Women´s Link Worldwide.

En su presentación, en tanto, la ADC pidió que se garanticen los abortos no punibles en la provincia. Y es que tras el fallo de la Corte Suprema a favor del aborto no punible en caso de violación, el gobernador Juan Manuel Urtubey dictó el decreto 1170/2012, ordenando la creación de un protocolo sanitario de atención a los abortos no punibles que, para ADC, "estipula barreras concretas para el acceso al servicio", por lo cual se impugnó el decreto, y su correspondiente protocolo, entendiendo que es inconstitucional.

Entre los aspectos más problemáticos del decreto y su protocolo detectaron que: Regula únicamente el acceso al aborto no punible en casos de violación. Es decir, deja sin implementación el aborto en caso de peligro para la salud o la vida de la mujer. Exige que la declaración jurada en casos de violación sea asistida por defensor oficial, organismo de asistencia a las víctimas del Ministerio Público, o asesor de menores e incapaces. Esto equivale a una judicialización solapada del acceso al aborto permitido. Permite el aborto por violación sólo hasta las 12 semanas, siendo éste un límite arbitrario que no surge de ninguna normativa nacional ni internacional, y que restringe el derecho al aborto de forma injustificada.

ADC manifestó que "la falta de políticas públicas apropiadas para garantizar el acceso al aborto permitido por ley en condiciones de seguridad tanto en el sistema público como privado de salud y la sistemática judicialización de estos casos que no son punibles vulneran derechos protegidos en nuestra Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional".