Organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos de Formosa volvieron a insistir con la presencia de una estructura que impide el libre acceso a la Justicia. Denunciaron que “se abren causas judiciales” a dirigentes gremiales, sociales, religiosos o políticos que se resuelven rápidamente mientras que cuando los acusados son funcionarios o amigos del poder político “surgen obstáculos y permanentes demoras”. Lo hicieron en una reunión casi secreta en el Obispado local ante el nuncio apostólico, Adriano Bernardini.
Decenas de organizaciones se expidieron sobre la decisión oficial, reprochando la entrega de una suma superior al millón de pesos por entender que así se pone en dudas la independencia judicial.
Este escenario terminó por generar una crisis en el Poder Judicial que sacudió con rigurosidad los límites éticos con que debe manejarse el poder político para no avasallar la división de poderes que determina el sistema republicano.
Este sábado se realizó una reunión de representantes de organizaciones civiles, sociales y políticas en el Obispado de Formosa con el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Adriano Bernardini a los efectos de presentar un documento con el análisis sobre la situación suscitada en el Poder Judicial a partir de esa donación.
“Esta situación dejó expuesto lo que desde estas organizaciones venimos denunciando a veces en presentaciones escritas, en voz baja o a gritos. Por ello, en la lucha diaria que cada uno lleva adelante frente a intereses fuertes y poderosos, ya sean estatales o privados, necesitamos y debemos contar con la garantía de una justicia independiente. En ese sentido asumimos la responsabilidad de hacer ciudadanía explicando por que está mal que los jueces acepten donaciones, subsidios o regalos - no importa el nombre que quieran ponerle -. Pues a la hora de decidir o resolver conflictos –llamadas causas - estos deben aplicar las leyes y/o interpretarlas; y ahí en ese momento no deben sentirse comprometidos ni condicionados por nada ni por nadie”, enfatizó la titular de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño, al informar sobre el encuentro con el religioso.
TUTOR
“El Judicial se convierte entonces en el gran tutor de los derechos de los habitantes, y es el organismo de control por excelencia sobre los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo)”, reflexionó.
“Si los jueces estuvieren condicionados a dar respuesta a quienes les regalan corremos el riesgo de que sus sentencias en lugar de basarse en la correcta aplicación de la Constitución, las leyes o los tratados internacionales terminen obedeciendo a cálculos políticos o a la defensa de intereses particulares ilegítimos, entonces no existiría seguridad jurídica y estaría en peligro la forma de vida democrática”, advirtió la sindicalista.
“Es por ello, que no se puede ni se debe aceptar como natural o minimizar que desde el Poder Ejecutivo se destinen 1.038.335,78 pesos para que los jueces asociados al Colegio de Magistrados tengan un “quincho digno”, reiteró.
Enseguida, planteó que las organizaciones presentes se reunieron y comprometieron a acordar y llevar adelante una serie de medidas que aclaren al pueblo sobre este “grave riesgo”, como también publicitar y denunciar los hechos y los casos irresueltos ante la Justicia de Formosa.
Entre los firmantes, estuvieron Martín Hernández, por el Bloque de la Unión Cívica Radical; Gabriel Martínez, por el Nuevo Espacio Político; Rafael Careaga, por la Coalición Cívica; Nilda Beatriz Patiño, por Docentes Autoconvocados; Manuel Pereyra, por Voz Docente; Roberto Antenor Gauna, por la Asociación Trabajadores del Estado; Roxana Silva, por EDIPA; Ismael Rojas por la APDH; Antonio Nievas, por Libres del Sur; Nuncio Toscazo, por AMRA y; las abogadas Gladys Bobadilla y María Cristina Irala.
DURO DOCUMENTO
El documento entregado al religioso italiano, instalado en el país en representación de la Santa Sede expone los siguientes puntos:
- Hay impedimento al libre acceso de la justicia.
- Demora exagerada en la justicia respecto a los amparos laborales sin sentencia después de 2 años de recurrir buscando reparación.
- No aplican la normativa internacional, a pesar de que luego de la Reforma Constitucional de 1994 los Tratados y Convenciones Internacionales son de aplicación obligatoria.
- Existen eximiciones de prisión que demoran en ser otorgadas hasta más de 6 días.
- Se abren causas judiciales a dirigentes gremiales, sociales, religiosos o políticos que “corren rápidamente”.
- Igual suerte corren –en algunos casos- los abogados defensores de esos dirigentes.
- Y si acuden a la justicia para pedir su protección, le ponen obstáculos y demoran en darles respuestas.
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