La APE es autárquica pero funciona en el marco de la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Su misión es la administración de gran parte de los fondos de las obras sociales, lo que la ha convertido en objeto de disputa entre los popes sindicales que buscan insertar allí a sus hombres de confianza. También fue

convertido, desde el menemismo a la fecha, en una caja codiciada por los Gobiernos. Por la mafia de los medicamentos, varios de sus ex titulares están procesados por la Justicia.

De hecho, el ex presidente Néstor Kirchner había puesto al mando de la “Super” al locutor Héctor Capaccioli, también procesado en la mafia de los medicamentos, con el objetivo de que custodiara la caja de las obras sociales y ejerciera su función de “recaudador de campaña” de los K.

Actualmente, el APE es dirigido por Manuel Martín Alves, un hombre de confianza del ministro de Salud, Juan Manzur.

Los funcionarios de este organismo son quienes deciden el destino de unos 1.200 millones de pesos anuales –lo que manejó en 2011- y determinan si una obra social cobra o no cobra por los tratamiento de alta complejidad que prestan a sus afiliados.

Los fondos de las obras sociales, que son descontados mensualmente de los sueldos de los trabajadores registrados y de los aportes patronales, quedan en poder del Estado. Una vez al año, cuando el poder Ejecutivo envía al Congreso el presupuesto para su aprobación, incluye cuántos fondos se dispondrán al APE para los tratamientos de alta complejidad. Se trata de los costos que las obras sociales deben invertir en las denominadas enfermedades catastróficas, de alto costo y baja incidencia en la población, como el cáncer, el HIV, la hemofilia y discapacidades.

En los últimos tres años, el Congreso aprobó el envío de entre 1.050 y 1.200 millones de pesos al APE. Antes de la llegada de la ex ministra Graciela Ocaña, el APE pagaba estos costos a través de subsidios. Los gremios luego debían rendir cuentas de lo gastado. Ante las irregularidades que detectó la ex funcionaria, los subsidios se transformaron en reintegros. Desde entonces, las obras sociales deben pagar de su bolsillo los tratamientos y presentar expedientes que justifiquen los gastos para recuperar el dinero.

El nuevo esquema desató la ira de muchos sindicalistas, que aún hoy denuncian que este sistema llevará a las obras sociales a la quiebra, debido a la demora del APE en pagar los reintegros. Para Ocaña, es la mejor manera de evitar la corrupción en el sistema de salud, como la presentación de expedientes falsos.

Quien maneja el APE, maneja la caja de las obras sociales, columna vertebral de los gremios de la CGT. Por eso, durante su alianza con el kirchnerismo, Hugo Moyano logró ubicar a hombres de su confianza al mando del organismo y agudizó su interna con otros gremios que no se veían favorecidos en el reparto de reintegros.