en especial las observaciones efectuadas a la obra por peritos judiciales, que ordene la realización de las reparaciones, mejoras y modificaciones que estime pertinentes para garantizar que la obra no representará riesgo ninguno para los vecinos, ni para ningún otro tercero”.

Un vecino cuya frente da sobre España al 1000 y su fondo colinda con una de las paredes de la obra planteó desde su inicio, que esa pared no estaba correctamente construida, que no poseía medidas de seguridad adecuada a la norma vigente, que se habían construido más pisos de los aprobados y basó sus denuncias públicas y administrativas en los informes de los propios peritos municipales, además de las pericias de una causa judicial.

Los considerandos de la resolución de la subsecretaría de Control Urbano expresan que “ dada la gravedad de las cuestiones involucradas, ameritan una intervención decidida, que los informes obrantes, así como las fotografías acompañadas ponen de manifiesto una situación que merecen una especial atención, que se encuentran en juego los intereses y derechos de terceros, que los antecedentes muestran que el desarrollo del expediente no ha sido regular y que el propietario y los responsables técnicos de la obra han actuado muchas veces en desobediencia a la órdenes emanadas de la Secretería.

Dictamen legal

El dictamen legal en el que se apoya la subsecretaría de Control Urbano, tiene fecha 7 de mayo y expresa en una de sus partes que conforme surge de los antecedentes se desoyeron en varias oportunidades las disposiciones de paralización de la obra, que hay una serie importante de inconsistencias entre la documentación técnica presentada y la obra sino también irregularidades y fallas constructivas vinculadas con la seguridad edilicia como pública.

El dictamen comparte los dichos de la firma propietaria respecto de la importancia de un nuevo centro médico, pero también advierteque es importante que guarde todos los estándares en todo sentido.

Sostiene el dictamen que la obra ejecutada pone en riesgo la seguridad pública, tanto de los vecinos como de los concurrentes y en razón de la desobediencia de los interesados recomienda remitir los antecedentes a la Procuración General.