El juez de Control de Garantías, Porfirio Acuña, ordenó paralizar las obras correspondientes a la segunda etapa del acueducto Pirquitas- Capital. También pidió al Estado que no realice ningún pago de anticipo financiero. La medida fue en sintonía con lo que ya habían solicitado los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Juan Pablo Morales y Marcelo Sago, a partir de una denuncia de la Cámara de la Construcción .

El jueves por la tarde el presidente de la entidad, Víctor Roberto Núñez, se presentó ante la Justicia y solicitó una medida de no innovar a los fines de que el Poder Ejecutivo provincial y la empresa Conorvial S.A se abstengan de realizar todo acto que implique inicio de obra y pago de anticipos financieros con respecto cal acueducto Pirquitas - Capital.

En la presentación, Núñez argumentó que el proyecto original fue mutado "violentando todas las normas administrativas que regulan el proceso licitatorio de adjudicación y ejecución de obra pública".

Afirma que la primera iniciativa preveía un trazado desde el dique Las Pirquitas hasta la Quebrada de Moreira en el norte de la ciudad, en donde estaba previsto la instalación de una planta potabilizadora desde donde se podía alimentar de agua potable sin costos adicionales de energía eléctrica.

El titular de la Cámara de la Construcción denuncia que el proyecto original fue cambiado por otro distinto que necesitará de una segunda etapa desde Banda de Varela hasta la Capital. La obra fue adjudicada por $ 42 millones y señala que "fue ilegal y a escondidas" multiplicando los costos originales. Reclama también por la prohibición de participación de las empresas locales en la licitación.

En otro de los puntos, Núñez recuerda que la primera etapa se iba a construir en 11 meses y ya pasaron 6 años por lo que la obra resultó más onerosa de lo previsto.

Los fiscales compartieron los argumentos expresados y sostienen que "se puede estar en presencia de la posible comisión de delitos contra la administración pública y posible daño al erario público". En este marco advierten el peligro que puede representar que el Ejecutivo materialice el inicio de obra y sobre todo el pago de anticipos financieros.

El juez Acuña hizo lugar a la medida, solicitó una caución de $ 500 mil y notificó de la medida al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Agua y Ambiente, a la empresa Conorvial S.A y a los servicios administrativos. BAJO LA LUPA

 La Cámara de la Construcción cuestionó el cambio del proyecto original del acueducto Pirquitas - Capital.

 Considera que la adjudicación de la segunda etapa fue "ilegal y a escondidas".

 Argumenta que la obra debería haberse finalizado en 11 meses. Sin embargo, lleva más de 6 años y sus costos se volvieron onerosos.