El caso se había iniciado a raíz de un recurso de amparo presentado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que cuestionó la falta de respuesta a un pedido formal de acceso a la información.

La ONG pretendía saber sobre las campañas publicitarias del gobierno de Mauricio Macri, en qué medios pautó y qué organismos fueron los contratantes. Las autoridades porteñas no respondieron la consulta en el plazo de 10 días que indica la ley 104 de la ciudad y tampoco lo hizo en el plazo de prórroga excepcional que contempla la normativa.

Guillermo Scheibler, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 14 de la ciudad, consideró que la información solicitada "reviste neto carácter público, en tanto que refiere al presupuesto, su ejecución y a la asignación de la publicidad oficial, lo que hace a la administración de fondos públicos y, a la par, se relaciona en forma indirecta al ejercicio de derechos fundamentales como son el de libertad de expresión y libertad de prensa".

La ADC -que también ha litigado contra el gobierno nacional por falta de respuesta a pedidos de información pública- ya logró en otras ocasiones que el gobierno de Macri le entregara datos sobre la pauta oficial después de denunciarlo en la Justicia..