La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña, Elena Liberatori, obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a "ejercer una actividad tendiente a la protección" del problema habitacional de un indigente que se gana la vida vendiendo bolsas de residuos y a quien se le negó la renovación de un subsidio.
Según la jueza, el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno que encabeza Mauricio Macri debe garantizar a Ramos "el acceso a una vivienda digna, toda vez que le es negada la inclusión en los programas de emergencia habitacional vigentes.
El hombre afirmó que "vive solo y tiene su salud deteriorada. Que vende -en forma ambulante- bolsas de residuos, obteniendo la suma de 250 pesos y que recibe el subsidio del programa Ciudadanía Porteña de 120 pesos, recordó la magistrada.
Liberatori acreditó en el expediente que Ramos había solicitado, frustradamente, la "asistencia a través de la extensión de un subsidio ya otorgado" a los fines de "solucionar la emergencia habitacional que padece, pero ese beneficio le fue negado.
La posibilidad de que el hombre "pueda poner en riesgo su salud psíquica y física, las cuales el Gobierno se ha obligado constitucionalmente a garantizar, acreditan el peligro en la demora, afirmó la magistrada quien señaló que "nada (sería) más estéril que una medida cautelar decretada tardíamente".
La jueza analizó el "riesgo para la salud y dignidad humana y daño ostensible que significaría para la parte actora el rechazo de la medida cautelar peticionada. Y en ese sentido resolvió que "la única manera de tutelar el derecho que pudiera asistirle es obligando al gobierno a ejercer una actividad tendiente a la protección hasta tanto se resuelva sobre el fondo de la cuestión.
Comentá la nota