El juez federal Carlos Parellada, elegido entre los matriculados por inhibición del juez natural, hizo lugar a una medida cautelar promovida por el camarista Otilio Roque Romano y en consecuencia ordenó al Consejo de la Magistratura suspender todas las causas en su contra.

Así se conoció durante la pasada reunión, donde había sido citado. También ingresó el descargo del otro camarista cuestionado, Luis Miret. En un escrito de más de treinta fojas, reclama al Consejo desestimar las denuncias en su contra, cuando era juez federal en la Provincia.

Carlos Parellada, en su carácter de juez federal ad-hoc, hizo lugar a una medida cautelar de no innovar y por lo tanto ordenó “suspender los procedimientos” por las causas que fuera denunciado ante este máximo organismo regulador de la actividad de magistrados y jueces federales.

Parellada, autor de varias obras, conferencistas en todo América, entre 1978 a 1991 se desempeñó como magistrado en la Provincia y como profesional del foro local, fue defensor en el juicio político que este mismo organismo concretó contra el juez Luis Leiva y que terminó con su destitución.

Ahora en calidad de juez se declaró competente para entender en este planteamiento contra el camarista Romano y por ello firmó una resolución por la cual le prohíbe al Consejo que siga con el juicio político iniciado hace ya algún tiempo atrás, después de las denuncias que hicieron organismos de derechos humanos y del propio gobierno de Mendoza.

Por escrito

En la misma audiencia, donde también estaba citado Luis Miret, éste presentó un descargo de 31 fojas. El escrito, dado a conocer por Diario Judicial, el camarista hace referencia a que en los años ’70, actúo “valiente e independientemente antes, durante y después del nefasto proceso militar”, reclamando la desestimación de las denuncias.

Más adelante, pidió que se respete su derecho a defensa, oportunidad en que recordó -en tercera persona- que como “juez subrogante era un asustado y enojado funcionario que no confiaba en la policía y sabía que no era funcionario afín o amigo para las fuerzas del orden”.

Con relación a las denuncias hechas por Eduardo Glogoswky, Ismael Calvo Gutiérrez, Blas Yanzón, Mario de la Cruz Cisterna y Hugo Tomini, entre otros detenidos durante la noche del 28 de agosto de 1975, dijo que “no hubo omisión sino una prudente postergación, lo que de ninguna manera puede ser calificado como falta ni como delito como hicieron los denunciantes”.

Finalmente y al hacer referencia al caso Luz Faingold (la menor que denunció haber sido “sometida mientras estuvo detenida en el D 2”), Miret ahora en su escrito negó que la joven le hubiera hecho saber que la habían violado.