Las acciones del fiscal, concretamente, tenían que ver con la intervención de la Justicia para que den agua y comida a los animales de Riera que quedaron en parte de la finca a la que éste no puede pasar tras los hechos acontecidos el miércoles, cuando civiles encapuchados ingresaron al puesto y destrozaron lo que había adentro. Este pedido de intervención era la última información que manejaba el diputado Santiago Godoy, quien sostuvo que en la sesión del martes se hablará sobre la situación en tanto se estaría (en principio), ignorando la Ley que establece la suspensión de los desalojos campesinos por al menos 18 meses, de los cuales ya pasaron 9. Agregó que otra de las posibilidades es aprobar una presentación ante el presidente de la Corte, Guillermo Posadas, a fin de que mediante los mecanismos a su alcance, apunte a la necesidad de que los jueces cumplan con el espíritu de la Ley. En el caso, y como sucede con más de 60 sentencias de desalojos a campesinos en el Norte provincial, fue la jueza Civil y Comercial de 1ª Nominación, Ana María de Feudis, la que falló en contra de Riera. Godoy sostuvo que no se quiere llegar al pedido de juicio político contra la magistrada, que es lo que están pidiendo los campesinos. A pesar de las informaciones otorgadas por el legislador, ayer los campesinos informaron a Nuevo Diario la falta de cumplimiento de la orden para dar comida y alimento a los animales de Riera. Ello, a su vez, comenzaba a enardecer aún más los ánimos entre los grupos, ante la posibilidad de que los animales lleguen a morir. Ayer ante la Superintendencia de la Corte de Justicia los campesinos denunciaron al oficial de Justicia, Flavio Aguirre, quien actuó como “notificador” del desalojo (aunque los denunciantes aseguran que no mostró ningún papel), al momento que hizo cumplir la acción con guardias de civil, que además de estar encapuchados algunos de ellos, ingresaron con hachas, motosierras, machetes y bidones de nafta que utilizaron para incendiar corrales y postes.