Previo a esta orden, la Cámara Federal de Apelaciones firmó su procesamiento. El militar tuvo su despacho en la Municipalidad (donde se probó que hubo detenidos y torturados), y se encontraba beneficiado con más de 20 faltas de mérito, por lo que evitó ser acusado en el primer juicio desarrollado desde el 1 de julio de 2010 por delitos de lesa humanidad cometidos en el sur mendocino.

La nueva integración de la Cámara trabajó sobre unas 300 apelaciones acumuladas en los Tribunales Federales y, entre ésas, la de Stuhldreher. Al conocerse la decisión, el fiscal Francisco Maldonado solicitó al juez federal subrogante, Eduardo Puigdéngolas, su inmediata detención y rechazo de la eximición de prisión presentada por el militar.

El magistrado hizo lugar y libró la orden que hasta la tarde de ayer no se había podido concretar porque el imputado no se encontraba en el domicilio declarado de Sáenz Peña 3150 de Luján de Cuyo, Mendoza.

Las causas

Stuhldreher está procesado por imposición de tormentos agravada en nueve hechos, por los casos de Humberto Roca, Luis Enrique Barahona, Luis Abelardo Berón, Juan Carlos Berón, Jorge Valentín Berón, Diego Pousadela, Roberto Flores, Germán Ríos, Hugo Adelmo Riera, todos en concurso real con los de privación ilegítima de la libertad agravada en once hechos como son las desapariciones de Héctor A. Fagetti (caso que valió el pedido de detención de la ex presidente María Estela Martínez de Perón y su gabinete), Francisco Tripiana, Pascual Sandoval, José Guillermo Berón, Roberto Osorio, Marta A. Guerrero, José Ortemberg, Rolando Gastón Berohiza, Omar Ozán, Ricardo Ríos y Rosda Luna. Estos últimos son considerados delitos de lesa humanidad.

Ya en democracia, el ex intendente de facto regenteó una empresa de seguridad privada que tuvo a cargo hasta 2002 la vigilancia de los edificios municipales de la capital mendocina. Durante el gobierno de Julio Cobos -en la gestión de Roberto Grillo como ministro de Seguridad- tuvo a su cargo la Dirección de Logística hasta 2005.