En la última década, los artífices de la educación jujeña extremaron esfuerzos para encausar el sistema en un proceso de cambio y modernización, consecuente con el rumbo adoptado en esta materia por la Nación.
Con la presentación del proyecto de ley de educación, el Poder Ejecutivo dio un paso valioso en la búsqueda de la mejora de la calidad y la eficacia en la educación y formación, la construcción de entornos de aprendizaje abiertos y la promoción de la ciudadanía activa, tarea que se verá coronada sólo con dedicación constante, acierto en la adopción de las medidas pertinentes y reconocimiento de la necesidad de realizar ajustes, responsabilidad que no es exclusiva de quienes ejercen la función pública, sino que es extensiva a todos los actores sociales y dirigencia gremial docente, comprometidos con la elaboración de una oferta educativa inclusiva y de mayor calidad, que responda a los requerimientos de una sociedad a en un escenario cambiante, cuya dinámica se nutre de las necesidades económicas y laborales imperantes y de la cada vez más fuerte interrelación con otras culturas.
Estos retos, no menores, exigen la decidida intervención y el generoso aporte de toda la sociedad. De allí el alto valor que reviste el debate abierto por el Ejecutivo, en una convocatoria a dar muestras de convicción y voluntad a favor de la formación intelectual, moral, ética y humana de las futuras generaciones. En síntesis, un llamado a asumir el ineludible deber social de fortificar un sistema educativo que se asiente en bases sólidas y permita ganar el mañana.
Es tiempo de una discusión integral y con vocación de futuro. El destino de Jujuy exige acercar contribuciones y a considerarlas reflexivamente, puesto que de ningún aporte se puede ni se debe prescindir. El debate también debe aspirar a influir en el conjunto de la política educativa. El intercambio tiene que alcanzar un amplio acuerdo social, que garantice una base común estable que cuente con el mayor apoyo social posible.
A partir de la reinstauración del sistema democrático, las leyes educativas promulgadas se orientaron sucesivamente a adaptar la educación a la evolución social. Sin embargo, las circunstancias sociales, en continua dinámica, siguen exigiendo nuevas soluciones. De allí que algunas iniciativas hayan resultado insuficientes para responder con eficiencia a los retos emergentes. El gobierno supo tomar nota de ello, sometiendo a revisión todo marco normativo que sea necesario para robustecer la plataforma del proyecto a tratar en la Legislatura.
El primer paso en este proceso está dado y es saludable. Jujuy se encamina hacia una reflexión sobre la situación actual de la educación y los principales retos y problemas que se debe abordar en el futuro próximo. Habrá que centrar la atención en aquellos componentes del sistema educativo que requieren de un replanteo inmediato, germinando una fase de cambio paulatino y gradual que, a su vez, obliga a prever mecanismos de reforma y adaptación permanente. Al proyecto elaborado por el Ejecutivo, que comenzó a gestarse durante la gestión de María Eugenia Bernal con una amplia instancia de consulta, que terminó de redondear Rodolfo Tecchi, se suman otras propuestas perfiladas desde el arco opositor, instalándose desde ya un escenario sano, auspicioso, para la futura norma.
La iniciativa del gobierno se basa en la concepción de lo que deben ser las políticas de Estado según la visión de Eduardo Fellner, esto es asumir la educación como la principal herramienta de transformación e igualdad, pincipios que dieron a luz la decisión de avanzar con firmeza durante 2012 en la sanción de la ley provincial. La plataforma es la Ley General de Educación Nº 26.206, la Ley de Educación Técnica Nº 26.058, la Ley Nº 25.864 que estableció la obligatoriedad de los 180 días de clases y garantía del salario docente con la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente por Ley Nº 25.219 y la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, entre otras, que deberán ser armonizadas. Como se puede observar, las condiciones legales e institucionales están dadas para generar, no más allá del mediano plazo, un marco adecuado de actualización y ordenamiento de la legislación local.
Ahora las definiciones están, principalmente, en manos de la Legislatura, cuyos miembros tendrán que responder con eficacia, grandeza, generosidad y seriedad a la responsabilidad que les fue conferida por los jujeños y proceder como verdaderos integrantes de un órgano representativo de la voluntad popular.
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