Todo comenzó hace exactamente ocho días, el viernes 15 de junio de 2012, cuando un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban la restitución de tierras usurpadas por un latifundista. La orden llegó de un juez y un fiscal con el objetivo de proteger la estancia de Blas N. Riquelme, un conocido terrateniente y miembro del conservador Partido Colorado. El saldo fue trágico: 17 muertos, entre campesinos y policías, y decenas de heridos graves.

A las pocas horas, el entonces presidente Fernando Lugo emitió un comunicado repudiando el hecho y anunció el envío de las Fuerzas Armadas a la zona. Por ese entonces, el violento episodio ya se había cobrado la primera víctima política: renunció el ministro del Interior, Carlos Filizzola, quien acababa de asegurar que “la situación estaba controlada”. Más tarde, Lugo echó al comandante de la policía, Paulino Rojas, y en lugar de Filizzola asumió Rubén Candia Amarilla, un ex juez afín al derechista Partido Colorado e implicado en múltiples hechos de corrupción.

Inmediatamente de producida la matanza, varias voces opositoras comenzaron a solicitar el juicio político al presidente Fernando Lugo, hecho que finalmente ocurrió una semana después. En ese contexto, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas repudió “la inutilidad del ministro del Interior y el poder judicial para encaminar los conflictos sociales y exigió una inmediata reforma agraria”.

Al día siguiente, los militares y agentes de seguridad a los que se acusaba de haber perpetrado una verdadera matanza, no habían sido detenidos.

El juez a cargo de la investigación, José Benítez, imputó a los trabajadores por homicidio doloso en grado de tentativa, lesiones graves, asociación criminal, coacción y coacción grave.

Horas después, Lugo tuvo que salir a confirmar la fecha de las elecciones presidenciales para abril de 2013, tal como está previsto constitucionalmente. En ese clima enrarecido, la fiscal actuante, Ninfa Aguilar, renunció tras haber recibido amenazas de muerte sobre las que no precisó su origen.

Mientras la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) reclamaba un “compromiso irrestricto de las autoridades con la justicia frente a la matanza de Curuguaty”, también se empezaron a oír las primeras voces desestabilizadoras. El diputado José López Chávez, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró: “En Curuguaty encontré ánimo de guerra entre los campesinos.” El legislador, que además pertenece a la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, el partido fundado y dirigido por el ex general golpista Lino Oviedo, agregó que “si no se responde a sus exigencias, vamos hacia una guerra civil, hacia una situación de caos y anarquía”. El final de la historia, con la destitución de Lugo y la asunción de Federico Franco, es conocido.