En el municipio de Ituzaingó se produce el caso inverso a las denuncias generalizadas. Un grupo de habitantes del barrio San Alberto cobra el ingreso por el plan aunque no le asignan funciones.
En octubre de 2009, la Municipalidad de Ituzaingó, territorio de Alberto Descalzo, uno de los barones peronistas del conurbano desde hace 15 años, convocó con bombos y platillos a la comunidad a conformarse en cooperativas para realizar obras de saneamiento, mejoras de espacios verdes y trabajos de albañilería en la zona. La iniciativa incluía la capacitación en las tareas asignadas y una cuenta sueldo bancarizada. Casi todo San Alberto se presentó.
"A fines de diciembre nos entregaron una tarjeta y a los pocos días ya empezamos a cobrar, pero recién en febrero hicimos una capacitación de diez días y después no nos llamaron más", relata A., un changarín de 33 años y dos hijos que se había entusiasmado con la idea de tener estabilidad laboral durante seis meses.
"Me enteré del Programa por el boca a boca; muchos vecinos se habían anotado. Y me inscribí, junto con tres de mis hermanos, en el tercer operativo que realizó el municipio. Ese día me dijeron que iba a limpiar plazas. Me pareció un trabajo que podía hacer siendo mujer. Pero después me capacitaron para tareas de albañilería… yo no puedo levantar baldes de cemento. Además, nos hicieron firmar como un contrato de trabajo hasta junio. Ya vamos por el cuarto mes; si seguimos así se va a terminar el contrato y no trabajamos ni un solo día", se indigna S., que esperaba, esta vez, poder acceder a un empleo formal.
El Programa Ingreso Social con Trabajo, que puso en marcha el gobierno nacional el año pasado, era no sólo una forma de sumar un salario a los desocupados o a los hogares sin acceso al sueldo fijo. También se anunció como una política destinada a ratificar que el trabajo dignifica, califica, organiza y ayuda a lograr el desarrollo social de las comunidades. Los vecinos de San Alberto todavía esperan esa posibilidad.
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