Miles de pesos en horas extras liquidadas a personas fallecidas, docente con carpeta médica de viaje por España, personal de licencia cobrando horas extras, empleada que cobró 278 horas extras en un mes y más de cien empleados en funciones sin reconocimiento de servicios. Todo esto fue revelado por el Subsecretario de Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, quien este jueves declaró ante el fiscal que investiga el presunto desvío de fondos públicos a empleados “ñoquis” y barras.

Claudio Marcelo Crissio asumió el 16 de agosto pasado como funcionario en la cartera educativa. Forma parte del equipo de gestión de la abogada y directora de Educación Nora De Lucía, y su declaración resultó clave ya que el fiscal cuenta con los elementos necesarios para mutar sus sospechas en delito configurado.

El funcionario aseveró que en la base de datos de personal activo detectaron 83 docentes y 24 no docentes fallecidos a los que se les seguía liquidando haberes. “Cuando nos ponemos a evaluar algunos casos en particular encontramos agentes que, pese a haber fallecido en julio de 2011, se les continuó liquidando horas extras hasta el mes de marzo de 2012” y puso como ejemplo un operario gráfico fallecido que figura haber cobrado post morten $9.600 en horas extras.

También detalló que una docente de Brandsen a quien el 22 de junio pasado le prescribieron dos semanas de reposo y figura que salió del país rumbo a España el 24 de junio. Además, “lo que se detectó fue personal en uso de licencias que impedirían el cobro de horas extras” que se les estaban liquidando.

Las liquidaciones de las horas extras quedaron en el ojo de la indagatoria. “Detectamos casos de agentes que cobran entre horas extras hábiles y feriadas 278 horas”, explicó, y pasó a detallar que una empleada identificada como Erica Lorena Capra figura que trabajó, de lunes a viernes, siete horas más de su horario habitual y 32 horas por cada fin de semana.

Crissio también detalló que detectaron casi cien empleados “que cobraban horas extras por más de una Dirección”. Otro punto saliente de su declaración fue cuando describió que 115 empleados “se encontraban percibiendo haberes y no contaban con el respaldo del acto administrativo pertinente”.

Fuentes de la investigación confirmaron que con esta declaración, el fiscal Marcelo Romero “ya tiene probado las irregularidades, sus sospechas eran fundadas, se están cometiendo delitos con el manejo de dinero dentro de la Dirección General de Escuelas”.

Con las pruebas colectadas hasta el momento y por tratarse de delitos contra la administración pública, el fiscal Romero enviará en las próximas horas las actuaciones al fiscal general, Héctor Vogliolo, para determinar si la causa sigue en sus manos o pasa a la fiscalía especializada en Delitos Complejos.