Después de varias horas de sesión y algunas chicanas entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados transformó en ley el proyecto de Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, más conocido como la ley Petri, cuyo fin es endurecer el régimen de salidas de quienes cometieron delitos graves.

La aprobación se logró con el voto de radicales y demócratas. El oficialismo y sus aliados del Eje Peronista y Nuevo Encuentro, rechazaron la iniciativa.

También votó a favor Patricia Gutiérrez (Unidad Popular), mientras que el peronista federal Daniel Cassia se abstuvo por considerar que el proyecto presentado por Petri (UCR) es "muy blando".

Mucha agua ha pasado bajo el puente. Desde mediados de junio se viene discutiendo este proyecto por el que se pretende endurecer las condiciones para que los privados de la libertad accedan a beneficios en el régimen progresivo de ejecución de la pena.

En realidad, la idea del diputado radical fue alumbrada ante la sucesión de crímenes cometidos por fugados y beneficiados por salidas transitorias.

La ley no resulta inocente. Políticamente es un problema para el oficialismo porque este código aleja a Mendoza de los lineamientos nacionales en la materia. A tal punto es así que hasta el propio Horacio Verbitsky se ocupó en Página 12 de la propuesta de Petri. Esto fue a fines de julio pasado.

Por esto es que al Frente para la Victoria le resultaba incómodo el tratamiento de esta iniciativa. Incluso adentro del PJ no había una postura única. Hasta se hizo necesaria la presencia del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien se sentó con el vicegobernador, Carlos Ciurca, a acordar el tratamiento. Aunque no está de acuerdo con el texto y considera que es inaplicable, el gobernador Francisco Pérez ya dijo que no vetará la ley.

Así es que 1 de agosto llegó la aprobación de Diputados. En el Senado hubo que esperar hasta el 21 de agosto para otra votación que introdujo modificaciones al proyecto. En esa votación hasta hubo fugas en el bloque de senadores del oficialismo cuando se trató y las ausencias facilitaron la aprobación. Por los cambios introducidos, debió volver a la Cámara baja

Ayer, después de tres semanas de espera y varios contratiempos, llegó el día en el que Diputados se propuso enfrentar el tratamiento. Las cartas ya estaban echadas. Se sabía que el radicalismo y el PD aprobarían y que el oficialismo, el Eje Peronista y Néstor Piedrafita de Nuevo Encuentro, rechazarían. Se sabía, pero la sesión se extendió demasiado.

Cinco horas de debate, aunque más que discutir acerca de las posiciones legales, constitucionales, lo que se hizo fue cruzar chicanas entre bloques, trayendo a la memoria hasta la participación del PD en el proceso militar y el retrucar de los demócratas por la participación del padre de los Félix (Omar, diputado nacional y Emir, intendente de San Rafael) en el mismo período histórico.

Lo concreto es que la propuesta de Petri es ley. Por esa norma se eleva el tiempo de evaluación de conducta de los presos, que pasa de los últimos tres meses de la pena a los dos tercios de la condena cumplida efectivamente.

Asimismo, no podrán otorgarse los beneficios a los condenados por: homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, homicidio agravado por el vínculo y tortura seguida de muerte, entre otros. Los condenados por cualquiera de los delitos enunciados tampoco podrán obtener los beneficios de la prisión discontinua o semi detención, ni el de la libertad asistida.

Los beneficios comprendidos en el período de prueba tampoco se concederán a los reincidentes y a todos aquellos a los que prima facie no proceda el otorgamiento de la libertad condicional. Quizá el cambio más llamativo es dar más importancia a los informes del Organismo Técnico Criminológico.