La interna desatada en el oficialismo capitalino, en sus vertientes alperovista y amayista, evidenciada durante el efímero debate sobre la titularización de docentes municipales, fue la hendija que la oposición necesitaba para cargar las tintas en torno a la administración del municipio, en razón de su fuerte dependencia a las disposiciones emanadas desde Casa de Gobierno.

La polémica por el proyecto del intendente Domingo Amaya y su delfín Germán Alfaro, para garantizar estabilidad laboral de unos 300 maestros que trabajan en establecimientos dependientes del Municipio, zanjada de un plumazo por el gobernador José Alperovich, dio pie a los ediles refractarios para criticar la relación entre las gestiones comunal y provincial.

En este sentido, el concejal de Fuerza Republicana, Claudio Viña, sostuvo que el rechazo a la propuesta era previsible, puesto que "cuando uno firma una cosa y luego no se puede hacer cargo de sus decisiones, irremediablemente termina chocando de frente. Se le advirtió al oficialismo las consecuencias que traería aparejado el adherirse al Pacto Social, siendo que se cansan de gritar a los cuatro vientos que el municipio prácticamente puede autofinanciarse, entonces no vemos el por qué de seguir atados a este convenio", indicó. Esto último en alusión a los argumentos expuestos desde el Poder Ejecutivo para manifestar su rechazo al proyecto de titularización ya que al estar inmersa la Capital en el Pacto, no pueden habilitarse mayores contrataciones en lo que respecta a la planta de personal con la que cuenta el municipio, al sostener que se incurriría en gastos extras que no podrían ser solventados.

Viña también objetó que el Concejo Deliberante haya extendido el tiempo de adhesión al Pacto hasta el 2015. "Por el término de cuatro años lo que hizo el Intendente es sellar su destino a la voluntad del amo y señor de Tucumán", lanzó.

Consideró también que con la actitud adoptada por parte de Alperovich "le hizo saber muy bien a Amaya quién es el que manda en estas latitudes, tanto se arrodilló nuestro Intendente que terminó por lastimarse", ironizó.

Respecto al proyecto en sí, el opositor indicó que "nació mal y terminó mal, porque antes de presentarlo se tuvo que haber consensuado con todos los miembros del Concejo, pero resulta que solamente tres tipos (sic) quisieron cargarse la autoría por completo, dejando de lado una actitud colectiva y primando el rótulo de Germán Alfaro", destacó.

Finalmente, el republicano estimó que como resultado del panorama surgido "se pudo constatar cabalmente que Amaya dejó expuesto una escena típica en la provincia, donde el poder de los intendentes es prácticamente nulo ante la mínima molestia de nuestro Gobernador", adujo Viña.

A su turno, la representante de la Coalición Cívica, Sandra Manzone, consideró que "toda la buena intención que deparaba este proyecto fue carcomido por el juego de intereses y mezquindades políticas que no entienden y dejan de lado el beneficio de la comunidad". La edil estimó que la aprobación de la iniciativa era de por sí viable ya que, de acuerdo a su óptica, no implicaba una erogación adicional que afectara las arcas, tanto de la provincia como del municipio, sino que se impidió el avance en el cambio de status jurídico de esos 300 maestros.

"Esta injerencia constante del Gobernador ha posibilitado que el municipio se transforme en un mero apéndice del Poder Ejecutivo. Es obvio comentar la inexistencia de la tan declamada autonomía que fue fijada por la misma Constitución reformada en 2006, generando una enorme deuda de la Legislatura al no dictar una norma que propicie tal autonomía", consideró Manzone.

Con los pantalones largos...

Por un lado, la opositora "ha quedado muy mal parado el Gobierno provincial ante la sociedad al megarse a la titularización", pero además, mencionó Manzone, la situación "ha debilitado aún más la gestión de Amaya porque se presenta como alguien que no es capaz de mantener una decisión de manera firme, ya que cede constantemente ante las presiones u órdenes externas. Con ello demuestra que no tiene el manejo político de la cosa pública en la Capital”, disparó.

Finalmente, opinó que "resulta vergonzosa la injerencia del Ejecutivo, que se apropia de competencias y facultades exclusivas del Concejo, supeditadas a rencillas de quienes deben administrar", interpretó Manzone.

Casi en igual sentido se manifestó Roberto Ávila (PRO) quien caracterizó a la idea de titularización como "muy buena y perfectible, pero que lamentablemente fue usada de una pésima manera a la hora de hacer política, preocuparse por el juego propio y las conveniencias del momento dejando de lado el beneficio del docente".

Estimó también que con este tipo de manejos propiciados por el justicialismo gobernante "ya no sabemos adónde estamos parados, los intendentes y concejales estamos desdibujados frente a un poder central que nos ata de pies y manos, sin tener la posibilidad de hacer nada, ni siquiera decidir por nosotros mismos".

Al respecto, Ávila señaló que al dilatarse la adhesión al Pacto Social "somos esclavos hasta el final de nuestro mandato, ante la pasividad y complicidad del Intendente que, de una vez por todas, debe tomar el toro por las astas y dedicarse a administrar el municipio como corresponde".

En tanto, instó al justicialismo a “abrirse al diálogo dentro de su mismo bloque, de lo contrario la decisión política siempre dependerá de lo que se disponga en otras instancias superiores y ajenas", relató Ávila.

Por último, desde la UCR, uno de sus alfiles en el recinto, José Luis Avignone, fue crítico con las consideraciones vertidas a la prensa por parte del Ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, quien desestimó de lleno la factibilidad de avanzar con la normativa en cuestión debido a las limitaciones que especifica el propio Pacto Social.

"El Gobierno Provincial no asiste financieramente al Municipio, sino que le devuelve de la toma que hace de los Tributos Municipales, Coparticipación Federal y Fondo Solidario de la Soja, donde la Municipalidad no ve un centavo de dinero fresco. El Ministro tiene un total desconocimiento, en ninguna parte se designa, sino se titulariza, que son dos cosas totalmente distintas", consignó el radical.

Paralelamente, Avignone no dudó en precisar, teniendo en cuenta la dependencia a lo que se determine en el seno del Poder Ejecutivo, que "los Intendentes no se mueven por temor y porque dependen de un amo que se llama Gobernador de la Provincia. Lamentablemente todavía no se dieron cuenta del día 8N, donde, entre otras cosas, la manifestación en todo el país exigía mayor institucionalidad y respeto al Sistema Republicano", concluyó el radical.

Es oportuno aclarar que EL SIGLO intentó comunicarse con concejales del oficialismo para que brinden sus puntos de vista respecto a esta polémica, pero se excusaron de emitir una opinión individual. En este sentido, este miércoles a las 10.30, está prevista una reunión de bloque, donde se tratará de limar asperezas y unificar una postura con respecto a la polémica desatada en torno a las malogradas titularizaciones docentes.