El diálogo se retomó. Tanto los presidentes de los partidos de oposición como los representantes del Gobierno elogiaron la capacidad de escuchar y consensuar salidas en la construcción de la próxima empresa Agua y Saneamiento de Mendoza SA (Aysam). Sin embargo, los presidentes de los partidos pusieron condiciones para consensuar el proyecto de creación de la nueva empresa estatal. Antes del debate en la Legislatura, los representantes de la oposición ya plantearon dudas y quejas.

AGUAS ESTATALES. En este nuevo capítulo de la novela de OSM, Celso Jaque firmó el decreto 1.737/10 que pone en marcha la nueva compañía estatal y, paralelamente, envió a la Legislatura un proyecto de ley que garantiza la ratificación del decreto y la posibilidad de discutir el nuevo estatuto de la empresa aceptando las modificaciones que plantee la oposición. “Al decreto lo complementamos con el envío de un proyecto de ley que propone la ratificación de este, más las modificaciones que en el transcurso de la semana consensuemos en el ámbito legislativo”, explicó el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, quien, tras la ida de Jaque a San Juan (ver página 2), quedó al frente de la reunión programada con las fuerzas políticas de la provincia para discutir el futuro de Aysam. Dos son los temas que ya lograron pleno consenso con la oposición: “La creación de una empresa estatal austera y eficiente y la incorporación de un reaseguro que trabe la posibilidad de que el servicio de agua y cloacas vuelva a manos privadas”. Para ello, el proyecto de ley sugiere dos artículos que dan vida a estas condiciones. Uno de ellos, el cuarto, propone que, durante un plazo de un año, la empresa no podrá aumentar su personal por encima del números de empleados existentes en Obras Sanitarias al 28 de julio de este año. “Tiene que ver con una clara señal de austeridad en su gerenciamiento y funcionamiento”, aclaró Cazabán. En otro artículo del proyecto se endurece el procedimiento para la reprivatización del servicio. En este sentido, se ha dispuesto que el traspaso de las acciones estatales, es decir, 90 por ciento, cuente con la autorización de los dos tercios de los miembros de cada cámara, es decir, tenga mayoría especial. La idea del Ejecutivo es que el debate de estos dos puntos se desarrolle en la Casa de las Leyes junto al tratamiento del estatuto de la empresa estatal. DUDAS Y QUEJAS. Los referentes del Frente Cívico, Juan Carlos Jaliff y César Biffi, así como el vice presidente del Partido Demócrata, Andrés Grau, coincidieron en la necesidad de reducir el directorio, ya que “nos parece excesivo”. En lugar de que sean siete los miembros del organismo, plantearon que haya tres o cuatro y que no sean cargos políticos, sino profesionales. “Hicimos hincapié en los temas de siempre, en la idea de buscar consenso y en que la empresa esté encuadrada bajo un marco de austeridad y viabilidad. Asimismo, es necesario que el Gobierno busque ayuda financiera en la Nación y la posibilidad de crear una empresa económicamente equilibrada”, explicó Biffi, quien agregó: “Rechazamos tener dos representantes en el directorio, ya que queremos que sea altamente profesional”. Con respecto a la restricción del personal, Jaliff detalló que se rediscutirá la estructura gerencial, ya que la idea es que, en lugar de diez mandos, se reduzca por lo menos a la mitad.

AUSTERIDAD SALARIAL. El proyecto de ley contempla un nuevo organigrama empresarial. Los nuevos gerentes, cuyos sueldos ascendieron a 20 mil pesos, ya presentaron su renuncia, y ahora el Ejecutivo analiza la salida de todos. El nuevo estatuto contempla la reducción del personal gerencial y, por supuesto, la de los ambiciosos sueldos que cobraron desde este año. “Nuestra propuesta es que tengan un sueldo menor al del gobernador, es decir, 95 por ciento de su salario”, precisó Jaliff, quien agregó: “Esto entra en el marco de la austeridad que se ha propuesto”.

PLANES DE NECESIDAD Y URGENCIA. En forma paralela al debate que se dé en la Legislatura y que el Gobierno espera finalizar entre mediados y finales de agosto, se discutirá el plan de emergencia para evitar los cortes de agua en el período estival y el plan estratégico de inversiones para garantizar el servicio a largo plazo. Esta discusión se desarrollará en la sede del EPAS y participarán los técnicos de este organismo más los miembros del nuevo directorio. Asimismo, cada lunes, la oposición y los representantes de Gobierno debatirán a fin de llevar propuestas a la mesa de profesionales que buscará las soluciones financieras. Según comentó el presidente de Agua y Saneamiento de Mendoza SA, Rolando Baldasso, la compañía estatal necesita contar, a partir del 28 de setiembre, con 35 millones de pesos de capital de arranque. “Veinte millones para los costos operativos y 14 millones para poner en marcha las obras que nunca hizo OSM”, agregó.

El EPAS, a la oposición

Dentro del debate que se dará en la Legislatura, la oposición quiere que el EPAS quede a su cargo. El Gobierno coincide en la reformulación del ente de contralor. El PD admite como titulares a los usuarios.

TEXTUAL

“Nos parece que siete miembros en el directorio es excesivo. Apostamos a un nuevo organigrama”. ANDRÉS GRAU VICEPRESIDENTE DEL PD

“Queremos una empresa austera, y para ello, los gerentes deben cobrar menos que el gobernador”. JUAN CARLOS JALIFF PRESIDENTE DEL CONFE“La nueva empresa necesitará como capital de arranque mínimo 35 millones de pesos”. ROLANDO BALDASSO TITULAR DE AYSAM