Aunque todos remarcarán que Mauricio Macri debe hacerse cargo del trasporte que atraviesa la Capital Federal, los senadores de la oposición dejarán en claro que la Constitución obliga a la Nación a trasladar un servicio con la correspondiente asignación de fondos.

Será su posición en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Infraestructura, Vivienda y Transporte, y Presupuesto y Hacienda del Senado, que se reunirá a las 14 para tratar el proyecto enviado el jueves por Cristina Kirchner.

El kirchenrismo tiene mayoría para emitir dictamen sin necesidad de buscar aliados y así lo hará, para aprobar el proyecto el miércoles de la semana próxima.

El texto ratifica el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad el 3 de enero para transferir el servicio de los subtes a la órbita porteña, pero en su artículo 2 agrega el traspaso de los colectivos y el tranvía, sin ninguna asistencia financiera.

Sólo informa en los fundamentos que en febrero de 2012 la Nación gastó más de 87 millones de pesos en las 33 líneas de micros porteñas; mientras que para los subterráneos aportó 2.655 millones entre 2003 y 2011. “En el mismo período se traspasaron más de 102 millones de pesos para el mantenimiento del tranvía de Puerto Madero”, recuerda.

El convenio para el traspaso de los subtes, que el proyecto ratifica y le pone plazo de cierre, contemplaba mantener el 50% de los subsidios destinados a los subtes, que fueron de 360 millones de pesos anuales.

Pero desde el macrismo denunciaron que ese dinero se depositó en un fideicomiso restringido a obras de infraestructura, mientras que la Ciudad debía afrontar el pago de salarios.

Esta tarde, diputados del Pro se comunicaron con senadores opositores y oficialistas para comunicar estos datos y argumentar su posición, aun cuando la posibilidad de que prospere es más que remota.

Lo dice la Constitución

El anteúltimo párrafo del inciso 2 del artículo de la Carta Magna es claro: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”, señala.

Este fragmento fue impuesto por los constituyentes en 1994 para frenar la compulsiva transferencia de servicios iniciada por Carlos Menem. Como representantes de las provincias, los senadores no están dispuestos a dejar un antecedente que lo pase por alto.

Pero el kirchnerismo planteará que ese apartado no corre para la Ciudad de Buenos Aires. "El proyecto remitido al senado lo primero que hace es ratificar lo que ya firmó Macri. En el acta del 3 de enero de 2012 la Ciudad recibe los subsidios correspondiente al año en materia de subterráneo", indicó el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto.

“La filosofía de la Constitución de 1994 señala que el problema del federalismo ha sido postergado pero no puede ser resuelto por imposición. Lo digo como provinciana y habiendo padecido lo que fue la época de Menem y Cavallo, cuando nos dieron la Caja de Jubilaciones sin las partidas y todavía no puede manejarse”, señaló a LPO Norma Morandini, senadora del Frente Amplio Progresista.

Aunque mañana al mediodía se reunirá con sus tres pares del Fap para intercambiar posturas, Morandini, que integra la Comisión de Asuntos Constitucionales, adelantó que no apoyará la ley. “Votaré en contra o me abstendré”.

Su par y coterráneo Luis Juez, fue más duro con Macri pero admitió que no se le puede trasferir los subtes y micros sin los fondos.

“Este conflicto demuestra la inutilidad y el fracaso de la gestión de la Nación y de la Ciudad, incapaces de resolver este tema gestionando”, se enfureció, en diálogo con LPO.

“Cuando administras un municipio es impensado que el transporte lo maneje la provincia o el Estado Nacional. (El intendente de Córdoba Ramón) Mestre aumentó 70 centavos el boleto, que está 3,20. En el interior no existen las tarifas que hay acá. Intenté explicárselo a Néstor Kirchner en su momento”, recordó.

Aunque no evitó apuntarle a Macri, a quien le pidió que piense “en algo más que en turismo extranjero), Juez admitió que la Nación no puede transferir servicios sin recursos.

“La Constitución lo establece. No podemos volver a la locura de la década del 90, cuando teníamos hospitales y escuelas de primera que terminaron siendo dispensarios. Pero es un tema que deberían resolver los dos gobiernos y nosotros debatir sobre el transporte nacional”, cerró Juez.

Debate radical

Técnicos de la UCR debatían esta noche los pormenores del proyecto para luego facilitar la postura a tomar mañana, cuando sea el partido opositor de mayor representación en el plenario, como también lo son en el recinto.

La mayoría del bloque avalaría el traspaso pero pretende aprovechar la ocasión para repudiar la concentración de recursos de la Nación, que, recordarán, tuvo su inicio con la trasferencia de servicios.

“Los servicios federales los tiene que manejar la Nación y los provinciales las provincias”, sostuvo el radical rionegrino Pablo Vernai, vocal de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

“Pero el traspaso tiene que ser con recursos y con un plan serio. No como hace 25 años cuando a Río Negro se le dieron hospitales y escuelas y hoy le llega el mismo dinero que en ese entonces y los costos se multiplicaron”.

“Nadie tiene que tener ventaja en ningún sentido, pero si los servicios están subsidiados es porque dan pérdida. Y eso hay que solucionarlo”, consideró el ex gobernador.