La Legislatura de Córdoba daría de baja hoy la adhesión provincial al Pacto Fiscal firmado en 1992 entre la Nación y las provincias, por las cuales éstas cedieron el 15% de la coparticipación federal de impuestos para cofinanciar el sistema previsional nacional.

La iniciativa, que lleva la firma de la vicegobernadora Alicia Pregno, es el paso previo a que el gobernador José Manuel de la Sota presente una demanda judicial ante la Corte Suprema, para que el Estado nacional deje de retener dichos fondos. Sin embargo, aunque políticamente al mandatario cordobés la denuncia del Pacto Fiscal le sirve para diferenciarse de la Nación, en la práctica Córdoba no contaría con esos fondos en el corto o mediano plazo, ya que seguramente deberá esperar los laxos plazos del máximo Tribunal.

El proyecto goza en general del consenso de las principales fuerzas políticas opositoras, la UCR y el Frente Cívico, que de hecho fueron las primeras en reclamarle a De la Sota que accione para recupera ese 15% de coparticipación.

Sin embargo, y en un intento de mitigar la iniciativa política de mandatario y los frutos que cosecha Unión por Córdoba, juecistas y radicales reclamaron modificaciones en algunos aspectos del proyecto.

El artículo 3, que afecta directamente los fondos recuperados a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, “hasta la concurrencia de los déficits que dicho organismo registra”, es uno de los puntos sobre los cuales pusieron el lente las bancadas opositoras.

La UCR presentó un proyecto propio que modifica este artículo, determinando que los fondos recuperados ingresen a Rentas Generales de la Provincia, para distribuirlos a los municipios vía coparticipación. “Si no aceptan los cambios que proponemos, votaremos nuestro proyecto”, indicó anoche a este diario el titular del bloque radical, Luis Brouwer de Koning.

Desde el oficialismo indicaron que hoy, en la reunión de Labor Parlamentaria, podría haber consenso para estos cambios, ya que De la Sota aspira a que la ley salga con el respaldo de sus históricos adversarios políticos.

En tanto, el juecismo adelantó su “apoyo crítico” y hoy pedirá a Unión por Córdoba que incluya un artículo “que deje a salvo el reclamo de los fondos retenidos por Nación” desde la nacionalización de las Afjp, en 2008, que ascenderían a unos $ 10 mil millones, según calculó el titular del bloque, Roberto Birri.

“Córdoba no puede renunciar a reclamar esos fondos, porque no son de De la Sota, sino de los cordobeses”, dijo el legislador. En esa tesitura, Birri dijo que su sector podría apoyar en general la iniciativa de Unión por Córdoba, y rechazar algunos artículos, o presentar un proyecto alternativo.

En tanto, su par Ricardo Fonseca resaltó que, con la decisión del Gobierno provincial de intentar recuperar el 15% de la coparticipación, el juecismo “le marca la cancha” a De la Sota. “Nosotros prometimos en campaña reclamar ante la Corte la deuda con la Caja de Jubilaciones, y el 15% de la coparticipación”, resaltó el legislador.

Otro tema que irrita al Frente Cívico es la “comunicación” de la presente ley a las provincias cofirmantes del Pacto Fiscal denunciado, lo que es considerado “una jugada política de De la Sota para posicionarse como candidato presidencial”.

Desde la jefatura del bloque del PJ, Sergio Busso señaló que la unicameral trataría el proyecto sobre tablas, y descontó el “acuerdo” de los distintos sectores políticos. “Son temas de política de Estado que trascienden los intereses políticos individuales”, señaló el legislador a este diario.