Que sí a Boldt, que no. Qué el prohibir el humo en los bingos, que hacer una excepción. El oficialismo juega en los últimos días una nueva batalla interna entre los dos sectores que lo integran: los sciolistas y los que cristinistas. Mientras tanto, la oposición busca rearmarse después del mazazo de octubre. En este contexto, el presidente del bloque Unión Pro Peronista del Senado, Alfredo Meckievi, presentó un proyecto de Ley para regular la actividad de las salas de juegos de azar como "Bingos" y "Tragamonedas", incluyendo la prohibición de fumar en el interior de esos locales.

La iniciativa tiene por objetivo establecer requisitos y limitaciones de accesibilidad a las Salas de Juego de Azar habilitadas en el mapa bonaerense. Pretende poner un límite a la permanente incentivación dirigida a los ciudadanos y de ésta manera crear condiciones que minimicen el flagelo de la ludopatía.

Esta no es la primera vez que Meckievi intenta modificar las reglas de los bingos, ya había presentado la propuesta en otra oportunidad, aunque no había prosperado. En aquel momento, la negativa de la bancada oficialista del Frente para la Victoria -pese a tener despacho favorable de la Comisión de Prevención de las Adicciones de la Cámara Alta-, fue más fuerte.

Ahora, en el marco de la disputa abierta en el arco oficialista K por el control del juego en la Provincia, el legislador opositor volvió a presentar su iniciativa, que recorta el horario de apertura de las salas de juego.

De prosperar dicho proyecto de ley, las salas de juegos de "Bingos" y "Tragamonedas" habilitadas para funcionar en la Provincia tendrán las siguientes restricciones horarias:

No podrán permanecer abiertas más de nueve (9) horas diarias, ni más de nueve (9) horas corridas; no podrán abrirse antes de las 10 horas, y además deberán respetar un período de espera o recreación de al menos treinta minutos cada tres horas de juego corrido.

En lugares turísticos y durante el término de temporada alta, podrán extender su horario a doce (12) horas diarias, respetando el tope de nueve (9) horas corridas.

“Vemos en el territorio provincial salas que se encuentran abiertas las veinticuatro horas del día, muchas en zonas de poca actividad comercial, transformándose en lugares de reunión de quienes pretenden tener una actividad de esparcimiento. Pero este esparcimiento se transforma en una adicción con consecuencias terribles para los ciudadanos y para las economías locales”, explicó Meckievi.

En ese sentido, resaltó que “los juegos de azar y actividades lúdicas, en particular cuando se desarrollan de manera organizada y en un entorno predisponente para su explotación comercial y masiva, son actividades capaces de llevar a quienes participan en ellas a desarrollar conductas adictivas con múltiples manifestaciones ruinosas, para su salud física y psíquica, su vida social y de relación, y su patrimonio”.

Esta patología mental se conoce médicamente como "ludopatía" y fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud en 1992 como una "enfermedad o trastorno mental”. En esta enfermedad, la persona "es empujada por un abrumador e incontrolable impulso de jugar”.

La capacidad de resistir la compulsión al juego, encuentra en los señalados "estímulos" un factor agravante o predisponente para el desarrollo de esta adicción.

Por ello “proponemos límites de horarios e interrupciones en la continuidad del juego, poner frenos a los estímulos permanentes hacia el juego, de manera que se permita a los asistentes un tiempo de reflexión, de descanso, de distracción, sin acceso a dinero por medio de cajeros automáticos, que los saque de la persistencia impulsiva de seguir jugando. Todo como manera de limitar el "impulso" al juego”.

Asimismo, el proyecto pretende que quienes son deudores de alimentos tengan vedada la posibilidad de jugar. Pues el Estado no puede ser cómplice de quien no cumple con una obligación de tanta trascendencia, permitiendo que apueste en salas habilitadas para el juego de azar.

También contempla la creación de un Registro de personas que padecen Ludopatía de la provincia de Buenos Aires, para desautorizar el ingreso a las salas de quienes lo integren.