Están los que creen que no hay otro camino que la intervención lisa y llana para que Bravo deje de conducir el municipio veinticinqueño -y aquí se anotarían el Frepam y sus diputados-; y los que entienden que más allá de cualquier tropelía que se le adjudique a aquél, lo que indica la ley es que es el Concejo Deliberante el que podría plantear su suspensión y que asuma el intendente Nicanor Romero. Claro que para que esto suceda hacen falta los dos tercios de los votos en el cuerpo, lo que hoy no estaría dado porque se necesitarían 6 voluntades para tomar la decisión y sólo se conoce que habría 5 ediles dispuestos a avanzar para que Bravo deje de ser intendente.

"No da para más".

Esta misma semana varios diputados del Frepam han comentado por lo bajo que van a solicitar la intervención, y que eso podría plantearse hoy mismo en la reunión de bloque. Los que así opinan, y son unos cuantos, creen que la situación no da para más. No obstante no dejan de considerar que hoy por hoy la decisión está en manos del gobernador Oscar Mario Jorge, precisamente porque es lo que sucede cuando la Cámara de Diputados termina su período ordinario de sesiones.

No obstante especulan con que puede darse el caso que el presidente de la Legislatura, Luis Alberto Campo, pudiera convocar a extraordinarias -como lo hizo por otras cuestiones para hoy y el próximo jueves- y considerarse el tema de 25 de Mayo. Pero también el reglamento de la Cámara habilitaría a que 5 diputados presenten un proyecto y propongan la destitución de Bravo. ¿En este caso, si el Frepam hace esa presentación, lograría la adhesión de algún pejotista que necesitan para imponer su propuesta? Parecería, al menos, complicado. Quizás la oposición deba conformarse por ahora con una fuerte declaración política fijando posición, y esperar el curso de los acontecimientos.

¿Qué dijo Campo? El vicegobernador dijo haberse enterado por LA ARENA que son más de 1.000 los cheques cobrado por Bravo y sus amigos, y que una auditoría del Banco de La Pampa determinó que dineros del municipio terminaron en cuentas del intendente y un concejal, y que tres empleados cobraron $900 mil de cuentas municipales.

Diferente a Santa Rosa.

No obstante Campo analizó que debería considerarse que -a diferencia de lo que sucedió en Santa Rosa cuando se decidió la intervención a Juan Carlos Tierno- el Concejo Deliberante está funcionando, y que en ese caso tendría que ser el órgano que tome una resolución. El problema es que necesita una mayoría especial que no se da hoy en día.

Es más, razonó que "es difícil hacer algo mientras no haya una condena firme", y ejemplificó con lo que pasó en General Acha, cuando Oscar Omar Avila tenía una sentencia que podía ser recurrida y pudo presentarse y ganar primero la interna y después la general para llegar a la intendencia. "Sólo cuando el veredicto estuvo firme se lo pudo remover y fue reemplazado por la viceintendenta", recordó.

El presidente de la Legislatura pidió esperar hasta hoy cuando se produzca la reunión de Labor Parlamentaria. Expresó "preocupación" aunque admitió que no conocía la cuestión a fondo.

"Hay apuro, pueden desaparecer pruebas"

Una calificada fuente oficial dejó ayer una frase picante: "Es necesario que se apure porque pueden desaparecer pruebas". Las palabras no parecieron casuales y, aunque no dio nombres, el mensaje del hombre importante tuvo un destinatario inequívoco: Alvaro José Reyes, el juez de instrucción de General Acha que recibió la denuncia penal por los presuntos manejos irregulares a través del cobro de 1.092 librados contra cuentas de la Municipalidad de 25 de Mayo.

El "festival de los cheques", un caso de fuerte impacto político, toca de lleno al intendente David Bravo y al concejal y empleado del Banco de La Pampa, Ulises Traverso. También a Macario Quiroga, ex funcionario municipal e hijo del concejal Agustín Quiroga, a las empleadas María Alvarez e Isabel Maya y al albañil Germán Bustos. Los seis figuran en la denuncia que el martes le entregó el fiscal Máximo Paulucci a Reyes, y que se fundamenta en las conclusiones de una auditoría del BLP a su sucursal veinticinqueña. La entidad tiene filmaciones que mostrarían quiénes depositaron y quiénes cobraron los más de mil documentos por 900.000 pesos durante el último año.

La frase del principio refleja al menos una cosa. Que el Gobierno dudaría en seguir respaldando a Bravo, más allá de que el ministro de Gobierno, César Rodríguez, volvió a rechazar la intervención. En realidad el ministro manifestó que el Concejo Deliberante cuenta con las herramientas legales para ello cuando en la práctica no es tan así, ya que se requiere de los dos tercios para suspender al jefe comunal y la oposición cuenta con cinco de los ocho concejales. Lo que sí podría disponer el C.D. es la creación de una comisión que investigue a Bravo.

En ese contexto de la necesidad de que la justicia actúe rápidamente, vale recordar que antes que nada Reyes debe declararse competente. ¿Acaso el juez podría "gambetear" la causa respondiendo que primero debe intervenir el fiscal de citación directa de 25 de Mayo porque los hechos ocurrieron allí?

Ante ello, la fuente, que sabía de lo que hablaba, agregó otra definición caliente: "Imaginate que hay papeles que ya los podrían estar quemando... El resguardo es el banco, que tiene documentación y filmaciones".

- ¿Cuáles serían las pruebas que el juez debería obtener inmediatamente?, quiso saber el cronista.

- Las que están adentro de la municipalidad.

Mucha plata.

En principio, las participaciones y responsabilidades de los seis sospechosos serían diferentes. Alvarez, Maya y Quiroga aparecen cobrando los 1.092 cheques en la sucursal del Banco de La Pampa por 900.000 pesos. Los fondos salieron de distintas cuentas de la comuna.

Quiroga, ex secretario de la Juventud y que actualmente trabajaría en una empresa petrolera, sería el que percibió menos cheques y menos dinero; en cambio Alvarez, empleada municipal, habría cobrado 700 cheques por 590.000 pesos. De Maya, otra empleada de Bravo, trascendió que recibió más de 200.000 pesos a través de 300 cheques. Todas las operaciones ocurrieron durante el último año, de acuerdo a la auditoría. Lo que más le llamó la atención al personal del BLP fue que esas personas movieran semejante volumen de dinero teniendo en cuenta sus ingresos.

De Bravo existirían constancias de que recibió 4.000 de una forma bastante particular. Un día, Traverso, como cajero del BLP, le pagó a Quiroga varios cheques por 14.000 pesos. Inmediatamente alguien (¿Traverso o Quiroga?) depositó los 4.000 en una cuenta personal del intendente. En la misma jornada Quiroga depositó 10.000 pesos en una cuenta de Traverso.

Del relevamiento bancario también surgió que Traverso recibió depósitos por 140.000 pesos en apenas cinco meses de este año. El BLP, por su condición de empleado, le pidió explicaciones, y el edil habría respondido que esos ingresos correspondieron a sus salarios como concejal y bancario y a la venta de un terreno en 80.000 pesos, cuando en la escritura figuraría una cifra tres o cuatro veces más baja. También habría sostenido que los 80.000 pesos se los cobró su amigo Bravo, quien sigue sumando denuncias y salió a proclamar su inocencia a través de la radio municipal.

"Ahora que lo dice el BLP es creíble"

La presidenta del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, Miriam González, afirmó ayer que "ahora que lo dice el Banco de La Pampa la denuncia es creíble, pero cuando lo dijimos desde la oposición nos acusaron de querer voltear al intendente (David Bravo). El Gobierno se dio cuenta de que no mentíamos y hoy tiene que decir que teníamos razón". Además la edil del Frente para la Victoria adelantó que los cinco concejales de la oposición están dispuestos a renunciar a sus bancas, si esa es la traba para que el gobernador Oscar Mario Jorge disponga la intervención del Departamento Ejecutivo.

Sobre este último punto, el ministro de Gobierno y Justicia, César Rodríguez, ha reiterado en las últimas horas que el C.D. tiene las herramientas legales para implementar esa medida extrema, que además necesita una ley de la Legislatura si es que no está en receso. Eventualmente podrían darse uno de los cinco motivos previstos en la Ley Orgánica de Municipalidades para la intervención: "grave desorden administrativo, económico y financiero, imputable a sus autoridades y que ponga en peligro el régimen municipal".

Ante ese argumento gubernamental, González respondió que "el ministro dijo que no corresponde intervenir el Departamento Ejecutivo porque el Legislativo está funcionando. Los cinco concejales haremos todo lo que esté a nuestro alcance, y si se necesitan nuestras renuncias para ordenar la intervención, las presentamos. Ninguno de nosotros está sentado a la banca para limitarse a cobrar el sueldo".

- ¿Cree que el Gobierno le soltó la mano a Bravo?

- Sí. Incluso diría que está obligado a hacerlo porque se sobrepasaron todos los límites. Lo que sucedió no tiene calificativos.

González manifestó que los detalles del escándalo que involucra a Bravo, a su amigo, concejal y empleado del BLP, Ulises Traverso y a otras cuatro personas con el cobro de 1.050 cheques oficiales, los conoció por LA ARENA y que el Concejo no se pronunciará sobre los pasos a dar hasta contar con información oficial. "Lo que se publicó sobre el movimiento de cuentas municipales no me asombra en absoluto porque ya lo habíamos denunciado y hace rato que lo veníamos diciendo. Ojo, tampoco nos restregamos las manos. Lo que me sorprende es que aparezcan los nombres de algunas personas".

- ¿Por qué le sorprende?

- Porque una de esas personas es vecina mía y nunca pensé que pudiera estar involucrada.

- ¿A quién se refiere?

- A María Alvarez (NdeR: una empleado municipal que cobró casi 600.000 pesos, en menos de un año, a través de cheques librados contra cuentas de la comuna). Vive enfrente de mi casa, siempre tuve diálogo con ella y nuestros hijos crecieron juntos. La verdad, que me llamó muchísimo la atención. Del resto, no; y tampoco me sorprendería que aparezcan otros nombres.

- En la denuncia aparece un albañil llamado Germán Bustos. ¿Es realmente albañil?

- Sí.

- ¿Algunos de los involucrados vive muy holgadamente?

- No podría que esas personas muestren opulencia. Mi vecina no. De la otra señora (Isabel Maya) y de Bustos no puedo decir nada porque no tengo relación.

- ¿Y Bravo, Traverso y el hijo del concejal Quiroga?

- En 25 de Mayo se comenta que Bravo y su hermano han comprado cosas que figuran a nombre de terceros; personas que no podrían tener casas, camionetas... pero no hay pruebas. La que sí puede investigar es la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Pero no solamente a Bravo, también a otros funcionarios.

"No mentíamos".

En otro tramo de la charla, González recordó que "cuando pedíamos las armas necesarias para poder controlar el manejo de las cuentas municipales, no nos escuchaban ni nos daban bolilla. Hoy esos mismos nos tienen que dar la razón. Ahora oyen porque la denuncia fue presentada por el Banco de La Pampa".

- ¿Se refiere al Gobierno provincial?

- Así es. Cuando denunciamos desde el Concejo el manejo irregular de las cuentas municipales dijeron que era una cuestión política, que queríamos voltear a Bravo, que veíamos fantasmas... Siempre actuamos en defensa de los dineros del pueblo de 25 de Mayo. Ahora el Gobierno se dio cuenta de que no mentíamos. Eso es bueno, aunque tardaron mucho en admitirlo.

La edil pidió que todas las denuncias se profundicen en la justicia. Recordó que cuando se supo que el municipio le había otorgado un "préstamo especial" de 26.000 pesos a la diputada justicialista Mariana Baudino, el asesor de la presidencia de la Legislatura, Sergio Ziliotto, y un ingeniero de apellido Covella, al que identificó como un encargado del sistema informático del municipio, intentaron ocultar pruebas. "¿Qué hicieron cuando pedimos la copia de una nota? Nos la negaron y al otro día cambiaron la pantalla y hasta los muebles de la oficina. Son dos personas a las que hay que investigar".

- ¿Hubo alguna reacción pública por los detalles de la denuncia?

- No. Hubo un silencio total.