Oposición e intendentes del PJ se “plantan” con la Promoción y la Minería

El radicalismo mendocino en pleno salió ayer al cruce de los anuncios del gobernador respecto de la Promoción Industrial: el discurso unánime es que “Paco” Pérez busca ganar tiempo mientras negocia con los demás gobernadores pero que, tarde o temprano, el Decreto 699 entrará en vigencia.
Además, todos los jefes comunales del PJ menos Rubén Miranda (Las Heras) y Alejandro Abraham (Guaymallén), se “plantaron” ante la intención oficial de cambiar la postura antiminera por una más tolerante ante los proyectos en ciernes que interesan al Gobernador en el marco de la “sintonía fina” con la Presidente.

Según informamos ayer, el gobernador se reunió con funcionarios del gobierno nacional y con sus pares de las provincias promocionadas, de quienes obtuvo una tibia declaración política de que se buscará un sistema que integre a Mendoza en el grupo de beneficiarios. Pero la solución sólo alcanzaría a algunos departamentos de la provincia con un paquete de medidas que no serían los mismos que rigen en las demás provincias, algo que hasta ahora nadie ha dicho.

Ese sistema será elevado al gobierno nacional para su aplicación, según anunciaron Pérez y sus ministros. Sin embargo, nada garantiza que el decreto 699, firmado en 2010, no sea puesto en práctica a pesar de los anuncios. Y el decreto prorroga la promoción en La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis.

Para que se ponga en práctica el Decreto 699, la Nación debe firmar convenios particulares con cada provincia, los que ya están listos y pueden activarse en cualquier momento dentro de los próximos dos años, estableciendo una prórroga por 15 años más de la promoción.

La UCR vaticinó que nos van a ir erosionando de a poco: “El Gobierno Nacional primero va a firmar con La Rioja, que nos afecta directamente”, dijeron. Meses después, seguramente le tocará a Catamarca y así sucesivamente hasta completar la grilla. Nada garantiza que Mendoza sea incluida en un plazo perentorio y la espera puede superar los dos años mientras se negocia un modelo de acuerdo.

La novedad es que hay al menos una industria del Valle de Uco (Alco) que ya anticipó que se irá de Mendoza si se aplica la Promoción Industrial y se espera un pronunciamiento urgente de los dirigentes sindicales ante las perspectivas de que se pierdan muchos puestos de trabajo.

Al considerar el tema, además, hay que tener en cuenta los antecedentes cercanos: Julio Cobos renunció a la demanda judicial en la Corte por los perjuicios de a Promoción a cambio de que el Gobierno Nacional financiara la obra de Portezuelo del Viento. Eso sucedió en 2006 y recién ahora se está preclasificando a los oferentes.

Además, en 2010, durante el gobierno de Celso Jaque, el Fiscal de Estado de Mendoza, Joaquín de Rosas, retiró el reclamo judicial de Mendoza contra la aplicación del régimen de promoción industrial. En base a esa decisión, algunos legisladores provinciales sugirieron días atrás que corresponde pedir el juicio político a De Rosas, responsable de defender los intereses de la provincia sin importar quién la gobierne.

Por eso, si bien a esta altura la única salida es política, son muy pocos los que creen que Pérez sea la persona indicada para negociarla.

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