La oposición insiste en que los presos cumplan la totalidad de sus condenas dentro de la cárcel

La UCR y PD ratificaron que aprobarán el nuevo código de ejecución penal, que reduce al mínimo las salidas anticipadas. El diputado Petri acusó al director del Servicio Penitenciario de "defender los derechos de los delincuentes".

La oposición insistió hoy en que el interno tiene que cumplir su pena dentro de la prisión y por lo tanto avisó que resistirá cualquier intento oficial de modificar los aspectos principales de régimen que limita al máximo las salidas transitorias de los presos.

"Queremos que las sentencias se cumplan y que la resocialización se produzca dentro de la cárcel", aseguró el diputado radical Luis Petri, autor del Código de Ejecución Penal, que ya tiene aprobación en general de la Cámara de Diputados y que la semana que viene se discutirá en particular.

Petri además criticó con dureza al director general del Servicio Penitenciario, Sebastián Sarmiento, quien había cuestionado el régimen porque, a su juicio, acotar las salidas anticipadas de la cárcel afecta la progresividad de la pena. "Sarmiento protege los derechos de los delincuentes. Su ignorancia sobre la ley y el sistema penitenciario explican por qué el sistema ha colapsado", expresó el legislador radical.

"Podemos hacer algunos cambios, pero en la esencia estamos de acuerdo con el radicalismo: hay que limitar las salidas de la cárcel de los delincuentes y que los que cometen delitos violentos o son reincidentes no puedan salir", agregó a su turno Aldo Vinci, diputado del PD y presidente de la comisión Bicameral de Seguridad.

Respuesta. La respuesta opositora surgió después de que el oficialismo detallara sus reproches al código de 290 artículos que aprobó Diputados antes del receso invernal. La norma busca evitar que la mayoría de los presos pueda salir a la calle antes de cumplir la condena, un pedido recurrente de los familiares de las víctimas de delitos, entre ellos, el padre del joven Matías Quiroga.

El justicialismo no quiso quedar en la otra vereda y apoyó el proyecto en general. No obstante, casi todos los funcionarios consultados antes y después de la votación de Diputados no se mostraron de acuerdo con el articulado, el cual piensan modificar porque hay "más de setenta errores técnicos y jurídicos", según especificó Sarmiento.

El director del Servicio Penitenciario advirtió que la inclusión del robo agravado en el código impedirá que casi el 80 por ciento de los 3.100 internos de las cárceles mendocinas pueda obtener la salida anticipada y, por lo tanto, se afectará la resocialización de los presos.

Pero la respuesta opositora fue contundente. "Tiene que haber un régimen progresivo que no incluya la salida anticipada. No asociamos las dos cosas", afirmó Petri. "Si están en contra de esto, que lleven a estos chicos a pasar el fin de semana a sus casas. Hay que proteger al ciudadano honesto y hay que poner un límite", afirmó por su parte el demócrata Vinci.

Desde el bando opositor aseguraron que el proyecto "no es inconstitucional" y que tampoco producirá inconvenientes que coexistan en el ámbito de Mendoza dos códigos diferentes: el provincial, que será muy restrictivo; y el nacional, que es más flexible.

No obstante, radicales y demócratas admitieron que algunos aspectos pueden debatirse y que aceptarán sugerencias. Uno de los puntos en discusión es que quedaría afuera del esquema de sanciones el homicidio simple, hecho que llevó a Sarmiento a sostener que el código transforma el robo a un kiosco en un hecho más grave que el asesinato.

Visita nacional. Mónica Cerutti, asesora de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, se reunió esta mañana con la subsecretaria de Justicia provincial, Romina Ronda. La visita generó la sospecha de que el Gobierno Nacional podía bajar línea contra el código que endurece el régimen de salidas transitorias de presos.

Consultada al respecto por la prensa, la funcionaria nacional señaló que el tema es de índole provincial, aunque a la vez sostuvo que no está de acuerdo con las políticas restrictivas de los derechos del hombre.

El debate seguirá en el oficialismo, donde dicen que quieren adecuar la norma para evitar que sea declarada inconstitucional, pero aclaran que esto no equivale a ir en contra del código aprobado en Diputados. Más si éste cuenta con el respaldo de las víctimas de delitos, en especial el del padre del joven que fue asesinado en el asalto comando al hipermercado Carrefour de Godoy Cruz.

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