Casi no se había acallado el jolgorio que se vivió en la Casa Rosada con el anuncio de la confiscación, cuando el Frente Amplio Progresista, que lidera Hermes Binner; sus aliados de Proyecto Sur, de Fernando Solanas, y un buen número de radicales habían hecho público su respaldo a la iniciativa y anunciado que sus legisladores estarían junto a los oficialistas, al menos, en la votación en general.

Es cierto que los mencionados sectores de la oposición históricamente se pronunciaron en favor de que YPF estuviera bajo el absoluto control del Estado, pero igualmente resulta inexplicable su veloz alineamiento con el Gobierno en un tema de tanta trascendencia que, por lo tanto, no debe ser resuelto a las apuradas, y máxime cuando de lo que se trata no es de una expropiación, sino de una lisa y llana confiscación, violatoria de las leyes, de los tratados y de la Constitución, como ya hemos dicho desde esta columna.

Sólo habían pasado 48 horas del acto en la Casa Rosada y, sin embargo, para entonces ya estaba claro que el tránsito del proyecto del Gobierno por el Congreso Nacional constituirá un mero trámite reglamentario, algo de enorme gravedad teniendo en cuenta que lo que está en juego no es solamente el futuro de la política energética, sino también cómo queda parado el país frente a un mundo al que, les guste o no a la Presidenta y a sus seguidores, necesitará acudir para no quedarse postrado por falta de combustible.

El comportamiento de los opositores que, entusiastas y dóciles, corrieron a ponerse del lado del proyecto oficial, parece indicar que prevalece en ellos la maquiavélica idea de que el fin justifica los medios, traducida, en este caso, en que YPF debe ser estatal a cualquier precio y sin importar el atropello que significa este robo.

De otra forma, no hay explicación razonable para que, sin abdicar de sus principios, esas franjas de la oposición no hayan abierto un breve compás de espera antes de pronunciarse en el sentido que fuera. Ello les hubiese permitido analizar detenidamente un proyecto aberrante con puntos como el que deja explícito que la Auditoría General de la Nación (AGN) no podrá auditar a la petrolera o el que pregona que esa incautación se hace en orden de un interés público, que por cierto en un futuro podría permitir al Gobierno avanzar en otras estatizaciones. Pero, además, hay que destacar en esta cuestionable actitud de la oposición lo que muchos de sus miembros no se cansan de denunciar sobre cómo el kirchnerismo confunde gobierno con Estado para apropiarse de cosas que ciertamente no le pertenecen, con el poco disimulado objetivo de hacerse de una nueva caja. Llama poderosamente la atención que el arco opositor no se haya manifestado frontalmente en contra del proyecto oficial, sin perjuicio de presentar otros proyectos que resulten respetuosos de las garantías constitucionales y que sean compatibles con un verdadero proceso de expropiación. Sería, además, lamentable que la oposición convalide en la comisión bicameral el nefasto decreto de necesidad y urgencia por el cual se dispuso la intervención de la compañía

El simple hecho de que sean los responsables de la debacle energética del país quienes decidirán a gusto y antojo cómo funcionará la futura YPF, merecía una mirada más atenta.

No deja de ser curioso, asimismo, que muchos de los dirigentes de la oposición hoy alineados con la idea del Gobierno sean los mismos que en su momento respaldaron felices el traspaso de los fondos de las AFJP al Estado y, pocos días después, estaban denunciando que el Gobierno manejaba el dinero de los jubilados a su antojo, en tanto hoy pronostican un futuro catastrófico para la clase pasiva. ¿Pecado de ingenuidad o falta de compromiso para dar una batalla que iba mucho más allá que denostar al neoliberalismo? En cualquier caso, los resultados están a la vista y, vale reiterarlo, expuestos por ellos mismos, que también han denunciado como fracasos otras inventivas populistas del kirchnerismo como las de Enarsa y Aerolíneas Argentinas. ¿Ocurrirá lo mismo esta vez?

La oposición hace un cálculo político erróneo al considerar que con la exaltación nacionalista que ha fomentado el Gobierno en torno de la causa Malvinas, y ahora YPF, no es políticamente conveniente ni oportuno criticar la confiscación. Lo cierto es que muchos de esos dirigentes tampoco se opusieron a la estatización de las AFJP ni a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

Más allá de que el oficialismo tenga los números para lograr por sí mismo la aprobación del proyecto de confiscación, amplios sectores de la oposición han perdido nuevamente la oportunidad de demostrar que, aun estando de acuerdo con una iniciativa oficial, son capaces de ejercer responsablemente el rol de contralor y contrapeso que les compete.