El alperovismo, aquejado por las necesidades financieras, movió sus fichas y le dejó el camino totalmente despejado a las huestes opositoras para que recaigan con todo el peso de su diatriba crítica sobre la forma de administración de los abultados fondos monetarios con los que se manejó el Ejecutivo hasta el momento, justo cuando la crisis internacional golpea fuerte y la economía interna nacional muestra señales de alarma.

Ávido por obtener recursos ante el cierre del grifo que se digita en la Casa Rosada, de la que Tucumán fue sumamente dependiente a lo largo de los últimos años, y con un panorama fiscal que es parchado con reformas impositivas que degluten los ingresos de los contribuyentes, el Gobierno local apeló a obtener una autorización legislativa para contraer créditos, sindicados o no, con entidades bancarias por hasta 400 millones de pesos.

El proyecto enviado al Parlamento implica, de acuerdo a la óptica del senador José Cano (UCR), "la caída de un mito construido por el oficialismo durante los últimos ocho años: el gobernador José Alperovich no es un buen administrador y cuando las arcas están vacías no tiene otras respuesta que recurrir a las viejas recetas con las que se fundió Tucumán durante décadas. El pedido que avalará la mayoría legislativa parece esconder otro gran negociado para sostener un Estado fundido por la inoperancia", lanzó sin medias tintas el representante por la minoría tucumana en la Cámara Alta.

Al respecto, sostuvo que la norma fue diagramada en tiempo récord por lo que no llegó a tener el debate correspondiente en las comisiones de trabajo y, agregó, que "el dinero que obtengan a tasas usurarias será aplicado a atender los desequilibrios financieros de caja del Tesoro Provincial. Hablamos de un desequilibrio que supo concebir Alperovich, donde por la vigencia de la ley de emergencia solo pagaba las cuentas de los amigos o a los que entregaban prebendas".

El radical complementó sus argumentaciones a través de un detallado análisis del devenir de las cuentas públicas provinciales, pues remarcó que en estos años de gestión la deuda pública ascendió a más de 5.000 millones de pesos. Así, precisó el radical, de los 2.916 millones de pasivo que había cuando asumió Alperovich se pasó a 4.554,46 millones al 31 de diciembre del año pasado según un informe del Tribunal de Cuentas. En tanto, consignó que el Ministerio de Economía de la Nación reflejó que la deuda pública de Tucumán, con la flotante y del interior sobrepasa hoy los 8.000 millones pesos.

"En la provincia, la transparencia pública es mínima. Con el proyecto que acaban de enviar a la Legislatura queda claro que las cuentas públicas no están en orden y, lo que es más grave aún, la mayoría oficialista del parlamento actúa en forma cómplice porque decidió no tratar nunca las rendiciones objetadas por los organismos de control", adujo Cano.

Finalmente, el correligionario planteó que "el alperovismo desde hace 12 años está involucrado y es responsable directo de los efectos nefastos de la aplicación de estas continuas leyes de endeudamiento y de emergencias, como así también de los desordenes en su aplicación. Se la mantiene porque estas leyes conceden facultades extraordinarias para renegociar contratos, comisiones y juicios, que han sido la matriz de corrupción de este gobierno", remató.

Afectaciones complicadas

Otro de los dirigentes de la oposición que se manifestó en torno a esta decisión gubernamental que será avalada legislativamente en la sesión convocada para mañana, fue José Páez, quien ocupa una banca en el edificio de Sarmiento y Muñecas en representación de la Democracia Cristiana (DC).

Según su consideración, la necesidad de obtener dinero fresco "desmiente lo expuesto en el mensaje del comienzo del año legislativo (apenas hace dos meses) de que había fondos suficientes, y la soberbia expuesta por los incrementos de recaudación y la solvencia financiera existente, por la postergación del pago de la deuda con la nación".

A su vez, el refractario al oficialismo señaló que la autorización a tomar créditos a las tasas de plaza en el mercado financiero "implica que se contratarán préstamos a altos intereses, y sin destino fijo". En este mismo sentido, el legislador advirtió que en el articulado de la polémica norma "se compromete a los fondos de Coparticipación Federal para el pago de las cuotas de capital, intereses y gastos de los créditos que se tomen. Lo que confirma el reclamo de varios gobernadores de provincia de que la remisión de fondos de la nación por Coparticipación han disminuido sensiblemente".

Páez, asimismo, cuestionó las facultades que se le otorgarán al Ministro de Economía (Jorge Jiménez) para que efectúe las adecuaciones presupuestarias necesarias. Indicó el democristiano que tal situación no resulta admisible constitucionalmente pues la Legislatura delegaría acciones en un funcionario de menor jerarquía.

"Puede concluirse que no se han administrado correctamente los fondos, se han otorgado inadmisibles exenciones impositivas (sellado a concesionarias de venta de automotores, agricultores del limón y el arándano) y se efectuaron concesiones graciosas como IVISA, y que los incrementos de las alícuotas de ingresos brutos respondían a necesidades de caja, que ahora resultan insuficientes", justificó Páez.

Finalmente, el referente de la DC agregó que la pretendida medida "demuestra que no se le dice la verdad al pueblo, que se la oculta, y que hay dispendio y mala administración de los dineros públicos".