“Preocupante: El Vicepresidente no puede acusar como hizo a personas, jueces y funcionarios sin denunciar y probar en la Justicia”, tuiteó el radical Ricardo Alfonsín. Ricardo Gil Lavedra, jefe de bloque de Diputados, consideró las palabras de Boudou “lamentables e institucionalmente graves”. Y sostuvo: “El juez Rafecas goza de prestigio académico, profesional y personal, resultan absurdos los dichos tendientes a descalificarlo”.

En una declaración conjunta, los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Eduardo Amadeo (Frente Peronista), Paula Bertol (PRO), Juan Casañas (UCR), Ramona Pucheta (MIJD) y Omar De Marchi (aliado del macrismo) calificaron de “verdadero atentado a la democracia” la actitud de Boudou y pidieron que se tome licencia. El mismo reclamo había hecho Margarita Stolbizer (GEN) y se sumó ayer el socialista Hermes Binner, líder del Frente Amplio Progresista. “La marcha de la investigación impone que el vicepresidente se aparte de cualquier lugar que implique el reconocimiento de fueros o posiciones de poder”, coincidió.

“Estamos asistiendo a uno de los últimos actos del ascenso y caída de un ladronzuelo ambicioso”, tuiteó Amadeo, y lo desafió a asistir a la Cámara de Diputados para responder “preguntas libres”: “¿Se animará?”. “Dijo ser testigo de delitos que nunca denunció y que como funcionario público estaba obligado. Seguiremos impulsando el juicio político en su contra”, enfatizó De Marchi.

“La ‘salida’ de Boudou ha llevado la guerra de camarillas y clanes al nivel de crisis política. Colocó a todo el Gobierno en la picota”, aseguró Jorge Altamira, ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda. Para Adrián Pérez, titular de la Coalición Cívica, “la estrategia de Boudou es la de un hombre acorralado: se victimiza en lugar de dar respuestas serias a la Justicia y al Parlamento”.