Legisladores y dirigentes bonaerenses de la oposición salieron a fijar posición tras la polémica que abrieron dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, que fueron leídos como críticas a la Policía de la Provincia y a la política del gobernador Daniel Scioli en esa materia, aunque la funcionaria tildó esas interpretaciones como "lecturas tendenciosas". Y en ese marco, volvieron a aparecer cuestionamientos a la administración bonaerense, aunque algunos opositores rechazaron la "intromisión" de la ministra nacional.

Como se informó ayer, Garré afirmó que a dos ministros de Seguridad de la Provincia de la gestión gubernamental de Felipe Solá, Juan Pablo Cafiero y León Arslanián, "los vi hacer esfuerzos muy serios" para expulsar a los policías corruptos de la fuerza, y agregó que "no hubo continuidad en esas tareas, lamentablemente. Se había avanzado y no hubo -insistió- continuidad, que es fundamental".

Arslanián estuvo a cargo de Seguridad hasta que asumió como gobernador Daniel Scioli, quien repuso la figura de la cúpula policial y del jefe de la fuerza, nombrando ministro del área a Carlos Stornelli primero y a Ricardo Casal después. Medidas que revirtió parcialmente en los últimos días, al recortarle mando al jefe de la Policía, que ya no tiene manejo sobre todas las áreas de la fuerza y acentuar las facultades y el control de los funcionarios del ministerio de Seguridad (que son civiles) sobre la fuerza.

Y en ese marco, sin nombrar taxativamente a Scioli ni sus políticas, Garré añadió en sus declaraciones del miércoles que también "es fundamental" para evitar el involucramiento de policías en el delito "una vocación irrenunciable de ejercer el control político de las fuerzas", cuestionó a quienes creen "que la forma de solucionar el problema es haciendo a veces algún tipo de negociación con la policía". Y consideró que "sin asumir las riendas del problema, lamentablemente esa autonomía (de la fuerza) contribuye a la prostitución, la corrupción de sectores" de la policía.

PEDIDO DE EXPLICACIONES

Tras esas expresiones, el presidente del bloque de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica, Walter Martello, pidió "explicaciones" sobre un presunto "pacto entre Scioli y la Bonaerense". Y tras criticar la "autonomía" de la Policía, sostuvo que si el gobierno nacional tiene críticas hacia la gestión del Gobernador, con la nueva conformación de la Legislatura -con el arribo de sectores "ultra K"- "tienen la posibilidad de cambiar lo que critican".

CRUZANDO A LA MINISTRA

En cambio el presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Amplio Progresista, Marcelo Díaz, salió duramente al cruce de Garré, afirmando que "sus desentendimientos con el Gobernador no la habilitan a entrometerse en las políticas de seguridad de un Estado federal, a las que por otra parte, como bonaerenses, sí criticamos constructivamente como oposición, y proponiendo alternativas superadoras desde la Legislatura".

"La ministra Garré debería prestar atención a controlar con eficiencia a las fuerzas de seguridad que se encuentran bajo su responsabilidad, porque quien tiene la autoridad tiene la responsabilidad de garantizar su funcionamiento", dijo Díaz, para añadir que "es cierto que la política de seguridad de Scioli y Casal ha sido a la fecha desastrosa, en la misma medida que la de Arslanian que no resolviera nada, a pesar de las abultadas partidas presupuestarias asignadas, que sólo sirvieron para endeudar la Provincia".

Desde el comité bonaerense del radicalismo, en tanto, se afirmó que comparte las críticas formuladas por Garré respecto de "la falta de continuidad" en la decisión de "ejercer el control político" sobre la policía Bonaerense, pero se pidió a la funcionaria que "asuma su propia responsabilidad" en el tema.

Invocado en la polémica, Arslanián salió a decir por su lado que "en 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un documento que afirma que la seguridad es un derecho humano y sostuvo que la conducción policial tiene que estar en manos de los elencos gubernamentales", y agregó que "el control civil (de la policía) es una doctrina oficial. Scioli y Casal no pueden seguir eludiendo este compromiso".