El oficialismo ya avisó que rechazará de plano el proyecto de ley porque no contiene fuentes de financiamiento y, de convertirse en ley, la presidenta Cristina Fernández acudirá al veto.

El proyecto en cuestión tiene tres puntos. El primero es llevar las jubilaciones más bajas al 82% del salario mínimo, vital y móvil (pasaría a 1.426 pesos). El segundo punto establece que el Estado pague las actualizaciones de los haberes de los pasivos según la sentencias de la Corte Suprema en los casos Sánchez y Badaro.

El tercer ítem fija un nuevo mecanismo para determinar la actualización semestral de las jubilaciones y pensiones. Según los cálculos del oficialismo, todo el paquete exigirá al Estado unos 40 mil millones de pesos anuales.

En la oposición creen tener la mitad del cuerpo a favor de la ley, es decir 36 votos. Este número bastaría para dar sanción definitiva al 82% móvil pero no alcanza para juntar el quórum (son necesarios 37 legisladores) por lo que habrá mucho suspenso.

Para poder arrancar con el debate, el arco anti-kirchnerista deberá apelar a algunos de los habituales aliados del oficialismo. Si los opositores consiguen el número mágico de 37, la ley podría tener varios votos más, ya que algunos oficialistas, como el chubutense Marcelo Guinle, están dispuestos a aprobar el incremento para los jubilados.

Los dos senadores mendocinos de la UCR, Ernesto Sanz y Laura Montero, acompañarán el dictamen de mayoría y votarán por transformar en ley el 82% móvil.

El peronista Adolfo Bermejo, que se viene mostrando autónomo de los lineamientos de la Casa Rosada en temas de alto impacto popular como el casamiento homosexual y la ley de Glaciares, está abocado a estudiar el tema y sus colaboradores dijeron que no anticipará nada hasta llegar al recinto. Así, busca sacarse de encima todo tipo de presiones.

Pero en los embates de la oposición al Gobierno por temas fiscales, hasta ahora el maipucino siempre acompañó a la Casa Rosada.