La oposición carga contra funcionario de Lucía Corpacci

La oposición carga contra funcionario de Lucía Corpacci
Según lo anunciaron sus autoridades, hoy tomará estado parlamentario en Diputados un proyecto de Declaración del bloque FCyS en el que piden la separación de Eduardo Andrada al frente de la empresa Energía de Catamarca Sapem.
Objetan su desempeño, según ellos, por no contar con las “características de excelencia” que fija la Ley Nº 5355 al estar involucrado en el proceso de quiebra del club Ferrocarril Oeste.

A 8 meses de su asunción (fue designado a principios de abril por la gobernadora Lucía Corpacci) la oposición saca a la luz la supuesta vinculación del reconocido dirigente peronista en la causa en la que el principal imputado es el exjuez Rodolfo Herrera, que fuera apartado del cargo por una cámara oculta en la que exponía eventuales negociaciones en nombre del club porteño.

La Sala de la Cámara del Crimen V de Buenos Aires, conforme al escrito del FCyS, procesó al exmagistrado por presunto “enriquecimiento ilícito”, en su intervención en la quiebra del club y lo investiga por “tentativa de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

El bloque opositor recuerda que en este proceso de quiebra, el actual director de la EC Sapem integró el órgano fiduciario que se encargó de la administración del fideicomiso y por este cargo la misma sala V del Crimen lo procesó junto a Francisco Tosi y Carlos Fidman por “negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública” trabándole embargo por $2.000.000.

Los magistrados, indica el proyecto, entienden que la designación irregular de los exintegrantes del órgano fiduciario por parte del exjuez fue “por el propósito de contar con la estructura o soporte jurídico” para llevar a cabo negociaciones en nombre de Ferro.

En el marco de esta investigación, indican los diputados “frentistas”, el presidente de Energía de Catamarca debe presentarse a declarar el 2 de noviembre.

Los hechos que da cuenta el Frente Cívico y que están estampados en el escrito datan de 2001. A pesar de haber transcurrido casi 12 años no hay resolución alguna y hasta podría existir prescripción de la causa contra el exmagistrado catamarqueño.

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