La cúpula del radicalismo impulsará la creación de una comisión investigadora en el Congreso que indague sobre el escándalo de corrupción que salpica al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. El caso, en manos de la Justicia, se funda en supuestos pagos de sobornos para conseguir contratos, recaudación ilegal de fondos para campañas electorales del oficialismo y en negocios armados para compañías.

El escándalo estalló luego de que la Justicia escudriñara en los más de 20.000 correos electrónicos hallados en las computadoras de Manuel Vázquez, ex asesor y mano derecha de Jaime.

Hasta ahora fueron escasas las reacciones políticas de la oposición desde que el caso que complica al ex secretario de Transporte tomó estado público. El radicalismo fue el primero en tomar la posta, aunque, en rigor, su idea de crear una comisión investigadora recién podría cristalizarse en marzo próximo, cuando se reinicien las sesiones ordinarias en el Congreso.

La intención del radicalismo es sumar a las restantes fuerzas políticas de la oposición a la jugada. Sin embargo, la dispersión y las tensiones internas que se observan dentro del arco opositor, que se agudizan conforme avanza el calendario electoral, abren un signo de interrogación al respecto.

"La Coalición Cívica fue la promotora de las denuncias contra Jaime en la Justicia; gracias a esas acciones es que la investigación avanza", enfatizó la diputada Patricia Bullrich, una de las referentes de ese espacio, en un intento de marcar la cancha frente a la jugada del radicalismo, convertido ahora en su rival electoral.

En rigor, hasta ahora la oposición no se ocupó demasiado del problema de la corrupción en el Congreso, pese a dominar la Cámara de Diputados. Si bien se presentaron innumerables pedidos de interpelación al ministro de Planificación, Julio De Vido, ninguno de ellos prosperó en el recinto; tampoco se avanzó en una comisión investigadora de la obra pública, tal como se prometió a principios de este año.

Nuevos querellantes

En un intento de revertir esta situación es que el radicalismo propone la creación de esta comisión investigadora; por su lado, el diputado también radical Juan Pedro Tunessi presentó un proyecto por el que solicita la urgente necesidad para que la Oficina Anticorrupción y el Poder Ejecutivo, por medio del procurador del Tesoro, se presenten como querellantes en la causa que afecta a Jaime, por considerar que se trata de delitos contra la administración pública.

"Muchos de los hechos investigados comprometen al erario nacional y también permitieron el incremento exponencial y nunca explicado del patrimonio del ex funcionario", dijo Tunessi.