Por ley votada el año pasado, la emergencia económica dictada en la gestión de Duhalde durará hasta diciembre de 2011. Pero ahora quieren derogarla, para quitarle al gobierno la posibilidad de renegociar con las privatizadas.
En ese último plano se cuentan la intención de terminar con el régimen de emergencia económica que, tras su aprobación en enero de 2001 y tras una sucesión de renovaciones casi automáticas, otorga al Poder Ejecutivo una serie de atribuciones en materia económica, financiera y social, previstas en su momento para afrontar la crisis y que el gobierno siguió utilizando aún en una etapa de mayor normalidad.
Particularmente, esto atañe a la posibilidad de renegociar contratos de servicios públicos con empresas privadas, 29 de los cuales -sobre un total de 64, y contando entre ellos a los de las compañías telefónicas- se encuentran pendientes de resolución. “Esta ley concede facultades extraordinarias a (el ministro de Planificación) Julio De Vido para renegociar contratos, que ha sido la matriz de corrupción de este gobierno. Por eso, hay que revocárselas”, explicó la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Civíca), impulsora del proyecto que también lleva la firma de los jefes de bloque de la UCR, Oscar Aguad; del PJ Federal, Felipe Solá y la legisladora del PRO Gabriela Michetti.





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