Saliendo al cruce de la presentación judicial realizada el sábado por el senador Luis Juez, ayer el secretario general de la Gobernación, Ricardo Sosa, lo fustigó diciendo que "no puede hablar de transparencia porque no tiene autoridad moral".

En tal sentido, el hombre mano derecha del gobernador Juan Schiaretti recordó que hace más de tres años fue la Unicameral la que aprobó “por unanimidad” el proyecto de someter a concurso público abierto los cargos en el Poder Ejecutivo. “No sé si por populismo o qué, la oposición votó a mano alzada los concursos”, analizó, diciendo que “ahora parece que quieren quejarse del concurso por rédito político”.

Favores. Las primeras críticas al mecanismo reglamentado por el Poder Ejecutivo apuntaban al hecho de que se decidió favorecer con 10 puntos a los concursantes que actualmente estuvieran desempeñándose en la función pública, lo que se leyó como una “ventaja indescontable”, que aseguraría la oficialización de los actuales dirigentes de planta política y su pase a planta permanente.

Pero en horas más cercanas al concurso que se realizó el sábado último, comenzó a cobrar fuerza la versión de que los cuestionarios de los exámenes estaban siendo adelantados a los candidatos del riñón del Gobierno.

De hecho, sobre esta cuestión versó la denuncia de Juez, que recayó sobre la fiscalía de Distrito 3, turno 2, a cargo de Miguel Oyhanarte. En tal ocasión, el denunciante y líder de la oposición abrió el paraguas al decir que “más allá de lo que la Justicia determine, ratifico que estos concursos son ilegítimos, que la integración de los jurados es vergonzosa y que el único fin que persiguen es acomodar sus punteros”.

Sosa, por su parte, defendió la metodología, insistiendo en que los concursos “están reglamentados por ley”. En tal sentido y refiriéndose a la oposición, señaló: “Hubieran objetado la ley en la Unicameral y no ahora. Los funcionarios de carrera tienen en esta oportunidad la posibilidad de concursar frente a sus pares”.

Además, señaló que la Provincia ha tomado todas las medidas del caso para “dar transparencia”, y en tal sentido remarcó el apoyo brindado por el Colegio de Escribanos, tras lo cual acusó a Juez de estar “degradando a las instituciones”.

Los 747 cargos concursados el sábado están cubiertos por funcionarios interinos, en su gran mayoría militantes de Unión por Córdoba, muchos de los cuales figuran como aportantes en la campaña electoral. Son examinados por tribunales conformados por dos miembros designados por el Ejecutivo y el restante por el gremio de la Unión de Personal Superior (UPS), afín al Gobierno.