Probablemente, la incertidumbre política tenga mucho que ver con este clima. Las elecciones de 2011 reducen el horizonte y conducen a simplificaciones extremas. ¿La Argentina a partir de 2012 se parecerá más a la Venezuela de Chávez, al Perú de Alan García o al Uruguay de Mujica? ¿Al Brasil de Lula, o a un híbrido con un poco de todos? Imposible vaticinarlo por ahora. De ahí que los sectores económicos que están mejor desconozcan cuándo puede cambiar la mano, y los que están peor no sepan si podrán mejorar. También la alta inflación y sus derivaciones complican las proyecciones: nadie sabe si terminarán por desacelerar el fuerte crecimiento de la actividad económica ni qué se haría para evitarlo. Uno y otro factor enturbian las expectativas.

Si el debate político entre oficialismo y oposición no tuviera un nivel tan primitivo, contribuiría a aportar algunas pistas. Pero ocurre todo lo contrario en los términos binarios en que está planteado: lo que no es blanco es negro, o viceversa. Quien no es aliado incondicional es enemigo, sin términos medios. Esto explica por qué en el Congreso no pueda haber acuerdos en cuestiones tan elementales como la normalización del Indec, cuya tarea de demoler las estadísticas económicas y sociales hace que la Argentina ni siquiera sepa dónde está parada en cuestiones clave, como la relación entre el crecimiento del PBI y la evolución de la pobreza, la distribución del ingreso o la calidad del empleo.

No sólo eso. La permanente confrontación política hace que sea una tentación revolver el pasado pendular del país, en lugar de aportar ideas para un futuro más previsible. Como si cada sector político o económico estuviera en condiciones de arrojar la primera piedra, o cada década haya sido un compendio de aciertos o de errores, sin la conjunción "y" entre medio. Las reacciones descalificatorias que desató en el oficialismo la sobria declaración conjunta de AEA y la UIA (no muy diferente en contenido a decenas de pronunciamientos empresariales similares a favor de la actividad privada, la seguridad jurídica o la necesidad de una política contra la inflación) son una prueba de ese clima de crispación. Quizá hasta el titular de la Corte Suprema de Justicia corra la misma suerte, por coincidir en la necesidad de contar con reglas previsibles, respetar la ley, los contratos y el derecho de propiedad. Paradójicamente, el Gobierno suele acusar de boicotear el crecimiento económico a quienes proponen darle sustentabilidad futura corrigiendo errores y aprovechar las oportunidades que hoy el mundo le ofrece a la Argentina.

Sin embargo, esas oportunidades existen, aunque la dirigencia política se haya dedicado, con escasas excepciones, a subaprovecharlas por su escasa vocación a acordar políticas de Estado perdurables en sectores clave.

Levantar la puntería

El actual debate por las retenciones parece dejar de lado que la Argentina protagonizó en los últimos veinte años una verdadera revolución agrícola, con la producción de soja a la cabeza, frente a un mundo emergente (en especial, China e India) dispuesto a demandar más alimentos y pagar precios mucho más altos que en el pasado. También aquí las opciones absolutas -por sí o por no- ignoran que las retenciones no son sólo un instrumento de recaudación fiscal, sino que modelan el perfil productivo agroindustrial a través del tipo de cambio efectivo. El oficialismo habla de "desojizar", pero no de cómo estimular cultivos alternativos para enriquecer el suelo ni cómo transformar proteínas vegetales en animales de mayor valor agregado. Por si fuera poco, se apresta a reintroducir en el debate la ley de arrendamientos rurales al sólo efecto de dividir a la Comisión de Enlace. Según la forma que adopte este proyecto, puede desarticular la organización productiva en red que, junto con nuevas tecnologías de siembra y cosecha, dio lugar al espectacular salto de los últimos años. Dentro del heterogéneo arco opositor hay más acuerdo sobre bajar las retenciones que en cómo hacerlo; ni mucho menos sobre contabilizar una parte como pago a cuenta de Ganancias. En materia de carnes, a su vez, sólo se contabiliza un enorme retroceso exportador, mientras desaparecieron del radar las propuestas para promover la comercialización por cortes a precios diferenciados, que permitirían abastecer el consumo interno y la demanda externa, como lo hace Uruguay. Estos debates, así como el subsidio al consumo o a la producción, serían más fructíferos que discutir sobre el número de pobres en el Centenario o en el Bicentenario de la Argentina.

La polémica en torno a las jubilaciones (82% y pagos actualizados para quienes superan la mínima) también se desarrolla en tiempo presente, más allá de las amenazas de veto o las maniobras para retacear quórum en el Senado. Pocos hablan de la baja relación de aportantes al sistema (1,43 trabajadores activos por jubilado) ni qué proporción de impuestos o aportes se necesitará en el futuro para financiarlo (actualmente representan 40% del total). Tampoco han prosperado algunas ideas interesantes, como la del economista Ernesto Kritz, de crear un "monotributo laboral" para blanquear a la legión de trabajadores en negro sin aportes, especialmente en las empresas más pequeñas.

Otro debate en ciernes, el de la nueva ley de entidades financieras, también amenaza poner el carro delante de los caballos. El problema básico en la Argentina es la escasez de ahorro en el circuito bancario (producto del "prontuario" de confiscaciones, corralitos, corralones, maxidevaluaciones y otras violaciones del derecho de propiedad que han dado lugar a una enorme fuga de capitales), sin el cual no se puede resolver por ley la escasez de crédito (12% del PBI). Máxime cuando la reaparición de una alta inflación frente a tasas negativas hace que hoy el 98% de los depósitos esté constituido a menos de 6 meses (83% a menos de un mes), lo cual dificulta el crédito a mediano y largo plazo sin subsidios. Con estos antecedentes, la discusión sobre el pasado puede ser interminable, sin que resuelva mucho. Seguramente sería más constructivo comenzar por el principio y poner énfasis en medidas en marcha para universalizar la bancarización (con la asignación por hijo, por ejemplo, la Anses abrió en 45 días 1 millón de cuentas con sus correspondientes tarjetas de débito) e ideas como reducir el impuesto al cheque o, al menos, contabilizarlo como pago a cuenta de Ganancias; fomentar una mayor devolución del IVA en la compra de alimentos básicos con tarjeta, o rebajarlo para préstamos de fomento.