Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, ante la inminente designación de Fernando Pobiñas en el Juzgado Federal Nº 2, abogó por “el inicio de una nueva etapa en la administración de la justicia respecto de los crímenes cometidos en Jujuy durante el terrorismo de Estado”.

“El nuevo juez federal se enfrenta a la responsabilidad histórica de poner término a un largo proceso de impunidad que significó para las víctimas un tormento continuado, y que privó a los familiares y a la sociedad en su conjunto de la carga aleccionadora de la justicia y de su valor en la construcción de un orden social democrático”, señaló la titular de la entidad, Inés Peña.

Así también, destacó que “el nuevo juez tiene ante si la posibilidad de reparar los errores cometidos por (el ex juez Carlos) Olivera Pastor, el arquitecto de la impunidad en Jujuy junto al juez Renato Rabbi Baldi Cabanillas, miembro de la Cámara Federal de Salta”. A propósito, la organización volvió a repudiar al camarista que avaló la dispersión de las causas, confirmó las falta de mérito dictadas por el juez jujeño y ayudó a consolidar el estado de impunidad en Jujuy”. Peña recalcó que “Rabbi Baldi Cabanillas ha sostenido a Olivera Pastor ante la Comisión Interpoderes y acompañó la iniciativa de criminalizar a las organizaciones de Derechos Humanos de Jujuy.

En este sentido explicó que “el retraso en las causas ha significado que muchos responsables de delitos de lesa humanidad mueran sin responder por los crímenes que han cometido. De hecho, de los 88 imputados en las causas de Jujuy, 22 de ellos ya han fallecido”.

En ese contexto, la organización requirió que en los procesos se atiendan las 6 reglas prácticas dictadas por la Cámara de Casación Penal para agilizar los juicios y procesos por delitos de lesa humanidad, y las recomendaciones de la Procuración General de la Nación y la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

En esa línea, la organización insistió con la acumulación de causas para que se analice la responsabilidad penal de un número importante de procesados. Precisó: “es necesario porque favorece la comprensión integral de los delitos. Además, se preserva a los testigos de la obligación de prestar reiteradas declaraciones sobre los mismos acontecimientos. Por otra parte, se evitan los ejercicios de defensa que generan los fraccionamientos excesivos de los hechos”, agrega el documento que lleva la firma de Inés Peña.

Por último, la referente recordó que el nuevo juez Pobiñas puede “reconducir la administración de justicia por los crímenes de lesa humanidad y construir un nuevo vínculo con organismos, familiares de las víctimas, basado en una interlocución respetuosa y fructífera. A 36 años del horror, es momento que familiares de las víctimas que nunca dejaron de creer en la justicia, escuchen condenas ejemplares y reparadoras que reconstituyan el orden alterado por la impunidad, y devuelvan la confianza en el Estado como garante de los derechos humanos”.