El senador provincial Carlos Aguinaga, aseguró que la creación de la Empresa mendocina de Energía es "totalmente innecesaria" y que se ha transformado en una "prenda de políticos que no dejará ningún beneficio a la provincia".

Según el legislador demócrata, todos los objetivos que plantean en su desarrollo, "pueden ser cumplidos sin necesidad de crearla".

El proyecto de creación de la Empresa Provincial de Energía, tiene media sanción de la Cámara de Diputados y es analizada ahora en el Senado, acelerando los tiempos teniendo en cuenta las relaciones entre el gobierno provincial e YPF.

De hecho, el propio gobernador Francisco Pérez al momento de sacarle a la petrolera dos áreas concesionadas, señaló la posibilidad de que queden bajo la órbita del Estado una vez sancionada la ley que da origen a la empresa provincial.

Para Aguinaga, "falta un plan de política energética provincial, la empresa es innecesaria, el pueblo pagará los gastos, es inconstitucional y detecta falta de transparencia en su funcionamiento".

"En definitiva, estamos frente a una aventura que impulsa un gobierno obediente al poder central que terminará perjudicando una vez más al pueblo. Al tratarse en Diputados, fue el Partido Demócrata el único que votó en contra de su creación", agregó.

Sin política

El senador del PD, sostiene al respecto que el Gobierno de Mendoza "no ha definido una clara política energética para la provincia, por lo que es altamente sorprendente que impulse la creación de una empresa estatal sin tener en claro el rol que deberá cumplir dentro de un plan de desarrollo integral, hasta ahora ausente".

Por otra parte, dijo que "los impulsores del proyecto consideran como los principales objetivos para la creación de la empresa, la necesidad de controlar al mercado, sujetar la exploración y explotación de yacimientos al interés común y acceder a la información de las empresas adjudicatarias de concesiones petroleras".

"A nuestro criterio, ninguno de estos tres objetivos se cumple creando una empresa estatal como la que impulsa el oficialismo, pues basta con que el Estado ejerza las facultades que hoy tiene según la Constitución y las leyes para lograrlos".

Posible inconstitucionalidad

Asimismo explicó que es inconstitucional, porque "la transferencia a la empresa estatal de los permisos de exploración y explotación de las áreas hidrocarburíferas de la provincia, tiene un grave impedimento constitucional, pues los yacimientos son de propiedad inalienable del Estado Provincial y no puede desprenderse de los mismos o ceder su potestad a concesionarios.

Menos aún, cuando ello implica la posibilidad de que terceros acreedores se queden con dichos permisos sin haber pasado el trámite de una licitación o concurso público".