En nuestro medio, se planteó el panorama que se abre con la iniciativa y el rol del Estado para las tareas de prevención y atención de los adictos. Además, se destacó que la Justicia no penaliza al consumidor y que la mayoría de las causas son archivadas.

Para la fiscal general -en forma interina- Analía Duarte, “el país no cuenta con recursos por parte del Estado para hacer frente a las consecuencias de la despenalización del consumo de drogas”.

La funcionaria judicial se preguntó, “con qué recursos el Estado va a hacer frente a los condenados que pretenden ser rehabilitados”. Y sostuvo que la realidad marca que “no lo pueden hacer porque tienen que pagarlo o afrontarlo con una obra social”.

Para Duarte, la despenalización de las drogas se puede implementar en sociedades que cuentan con otros recursos. Y consideró que “en este país no existen los medios para dar vía libre al consumo de estupefacientes”.

El ayudante fiscal de Estupefacientes, Enrique Fontana, indicó que “la reforma a la Ley de Drogas tiene que tener en cuenta los tratados internacionales que firmó el país” y que su implementación es, según consideró, “muy difícil porque puede afectar las relaciones con países limítrofes”.

Tráfico hormiga

En ese sentido, Fontana dijo que “la despenalización puede dar a lugar al transporte de drogas en poca cantidad, que es conocido como contrabando hormiga”. Ejemplificó también que la experiencia de Suecia, que reglamentó el consumo de drogas, trajo como consecuencia el turismo canábico y problemas en los países de la región.

Ambos funcionario judiciales consideraron que en la actualidad la Justicia no penaliza el consumo.

Duarte remarcó que “en la práctica el sistema judicial no penaliza a nadie por consumo” y evaluó que “dar vía libre a la despenalización es muy difícil y puede generar consecuencias inmanejables como el combate a los distribuidores de estupefacientes”. Observó, además, que mientras se persigue el tráfico, “cómo hacer frente al deterioro físico de los consumidores”.

En la misma línea, Fontana marcó que “la Justicia provincial y nacional no está penalizando la tenencia para consumo” y destacó que “la mayoría de las causas son archivadas”.

Remarcó que “el consumidor no es necesariamente un adicto pero si dependiente y no es penalizado por la Justicia mientras no afecte a un tercero”. Aunque sí se procede al secuestro de las sustancias prohibidas.

Atención

Fontana dijo que “la ley no trata al adicto como a un sujeto delictual y se plantea el tratamiento médico para los consumidores”.

La licenciada Diana Fraile, del Centro de Prevención de Adicciones (CPA), sostuvo que “nosotros trabajamos con las personas que tienen un consumo problemático con las sustancias y más allá del cambio o no del marco jurídico, que creo que va por otro camino, nosotros vamos a seguir de la misma manera”.

“Desde el CPA se apunta a la atención integral de personas con consumo de sustancias, teniendo en cuenta su realidad social y trabajando con otros actores de la comunidad, que tienen relación con la problemática, con la persona que viene a la consulta y con el grupo familiar”, explicó.

“El tema terapéutico, preventivo, educativo y asistencial para nosotros no cambia”, dijo la licenciada Fraile.

Por su parte, Fontana consideró que “el gran problema del consumo de estupefacientes está dado por la degradación de las personas” y sostuvo que “la regulación tiene que poner el acento en la protección de los menores, en los riesgos que ocasionan las drogas y en la prevención”. ///

Delincuencia y consumo

La fiscal general Analía Duarte indicó que “en la delincuencia que consume estupefacientes podemos notar, cada vez que son citados a declarar, el deterioro cognitivo y neurológico que padecen y que realmente asusta”.

“Vienen a declarar en un estado donde no tienen noción ni de la propia identidad y cómo hacer frente a esto”, dijo y remarcó que “hay una generación en situación crítica”.

Duarte sostuvo que “hoy la Justicia no penaliza al consumidor” y acotó que “no existen condenados por consumir en Necochea y en el país los casos son mínimos”. ///

Una Ley clara y sencilla para todos

El ayudante fiscal de Estupefacientes, Enrique Fontana, señaló que “el proyecto de reforma plantea evitar que se penalice la tenencia para consumo pero la Justicia ya lo tiene en claro”.

Para Fontana, lo importante es que de la discusión del proyecto surja una Ley que “la interprete el ciudadano común, que sea clara, sencilla y entendible”.

Advirtió que la ley tiene que ser clara sobre qué drogas se despenaliza. En la actualidad, el decreto 299/2010 marca una restricción legal sobre 300 sustancias, no sólo marihuana y cocaína sino que incluye a muchos fármacos, algunos de uso veterinario como la ketamina.

Por último, se preguntó que “hay que evaluar de qué sustancias se habla para despenalizar y también de qué cantidades”.