La medida fue adoptada ayer al mediodía en rechazo al posible regreso del antiguo dueño, Luis D'Espósito, quien en la víspera se presentó en la planta junto a su abogado, Federico López Lavoine.

La planta está actualmente bajo el mando de Sergio Prieri, oriundo de Río Cuarto, Córdoba. El empresario estuvo ayer en la planta donde recibió el respaldo de los trabajadores, quienes, por sobre todas las cosas, pretenden mantener su fuente laboral y consideran que D'Espósito no es una garantía en ese sentido.

Litigio.

Prieri adquirió la ex Consomé en octubre de 2009 a D'Espósito, pero al poco tiempo ambos ingresaron en un litigio judicial. El último acusa al primero de no cumplir con los pagos acordados en el convenio de venta, mientras que el otro aseguró que a poco de reactivar la planta se encontró con deudas, una hipoteca y embargos que el vendedor no había declarado, situación por la cual, según contó, inició un juicio de rescisión de contrato.

López Lavoine, el abogado de D'Espósito, afirmó que las acusaciones de Prieri no tienen sustento y que por eso la Justicia falló a favor de su cliente. Aseguró que el anterior dueño de la ex Consomé le ganó un juicio de desalojo al empresario cordobés. La orden para realizar el procedimiento fue emanada del Juzgado Civil 15 de la Capital Federal, que dio traslado de la medida al Juzgado Civil 2 de Santa Rosa, a cargo de la jueza María del Carmen García.

Fuentes oficiales informaron ayer a este diario que el desalojo se produciría hoy, por la fuerza pública, con efectivos policiales de esta capital provincial.

Resistencia.

La magistrada, a su vez, corrió vista a la jueza de Paz de Anguil, Marisol Mansilla, quien se acercó a la planta y ordenó que fuera desalojada. Sin embargo, el dueño actual y los operarios, pero sobre todo estos últimos, se opusieron e iniciaron una toma del edificio. Desde la ruta podía verse la columna de humo negro que brotaba de los neumáticos que incendiaron los manifestantes, quienes anoche se quedaron en el lugar a la espera de un inminente desalojo.

Durante toda la jornada el panorama fue tenso e incómodo, aunque el jefe de la Subcomisaría de la localidad, Oscar Pasarón, aseguró ayer a última hora de la tarde que no se habían producido disturbios y que la protesta se desarrolló dentro de los carriles normales. Este diario se acercó a la planta a poco de iniciado el conflicto. Al llegar, se observaba a dos efectivos policiales, junto al abogado Lavoine, esperando en las afueras de la fábrica. Los mismos empleados estaban apostados en la puerta y realizaban fogatas con gomas y cajones plásticos.

Durante la tarde se acercó el secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta, quien llevó su solidaridad y la de la Mesa Intersindical de gremios estatales a los trabajadores.

Inventario.

En el interior de la fábrica, Prieri, recibió a este diario y explicó los motivos por los cuales, junto al personal, estaba resistiendo la medida. Mientras la jueza de Paz hacía entrega de la notificación de la orden de desalojo y llevaba adelante un inventario del mobiliario y las maquinarias que estaban en la planta. El empresario cordobés, recordó que el pago acordado por la fábrica era de 7.450.000 dólares. Dijo que el estado en que la encontraron y las deudas que no habían sido declaradas complicaron los planes iniciales.

Aseguró que recién este año, gracias a la ayuda del Ministerio de Producción de La Pampa, que alentó a la conformación de un consorcio provincial de industriar lecheras, y a la Subsecretaría de Industria de la Nación, lograron los permisos para operar.

"Un crimen".

¿Por qué dejaron de pagar el dinero acordado al dueño anterior?, le consultó este diario. "Dejamos de cumplir cuando vimos que la planta estaba hipotecada y que había un juicio posconcursal. Estaban todas las máquinas embargadas, nos secuestraron unos silos para almacenar leche, nos llevaron dos y nos dejaron uno solo. Luego, realmente, nos quedamos sin fondos. La estrategia de esta gente fue que les saneáramos las deudas para luego ahogarnos y no dejarnos trabajar ni cumplir el contrato", disparó.

Prieri resaltó el apoyo que recibió en la jornada de la víspera por parte de la comunidad de Anguil. Dijo que en este momento estaban trabajando con diez operarios, en su mayoría de la localidad, más algunos de Santa Rosa y otros de Río Cuarto. Vaticinó que si la planta cierra habrá un problema para los tambos de la provincia, que no tendrán donde colocar su excedente de producción. "Parar una planta como esta, en este momento, sería un crimen", dijo.

"Nunca abonaron las sumas pactadas"

El abogado de D'Espósito, Pérez Lavoine, también fue consultado ayer por LA ARENA. De acuerdo a su versión, existe en la actualidad un juicio de desalojo iniciado por la firma Cows and Bulls, de su defendido, contra Colonia Lechera, de Prieri. El mismo se tramita en el Juzgado Civil 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

"El juicio data desde un año y medio o dos. En junio del año pasado ya habíamos estado haciendo tareas de constatación en la planta. La causa del juicio de desalojo es la falta de pago, porque nunca se abonaron las sumas pactadas, con lo cual el contrato se cayó. En el ámbito de ese juicio se dictó una medida cautelar a la cual el Juzgado Civil 15 le hizo lugar y después revisó la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Ambos fallos fueron concordantes y hacen lugar al desalojo", explicó.

El abogado negó tajantemente que existieran deudas no declaradas en el contrato, como adujo Prieri. En ese sentido, alegó que fue justamente por ese motivo que su patrocinado obtuvo dos fallos favorables en primera y segunda instancia. "Al final, después de esto, desde el Juzgado Civil 15 de Capital Federal, llegó la orden al Juzgado Civil y Comercial 2 de Santa Rosa y este le dio la orden al Juzgado de Paz de Anguil", relató.

Ayer, fuentes ligadas a D'Espósito dejaron trascender que Prieri está procesado por la Justicia cordobesa por el delito de lavado de dinero. Citaron como fuentes varios artículos del diario El Puntal, de Río Cuarto, donde se publicó la noticia en su momento.

¿Y el gobierno?

En otras situaciones parecidas, el gobierno provincial aparecía como mediador entre las partes en conflicto con el objeto de defender las fuentes laborales en la ex planta de Consomé. Ese no fue el caso en la víspera. Prieri, que elogió el apoyo del gobierno al emprendimiento, aseguró anoche que nadie lo había llamado en la víspera. Los trabajadores aseguraron que ningún funcionario provincial, ni siquiera el subsecretario de Trabajo, Diego Alvarez, se acercó a la fábrica a dialogar con ellos.