El pedido de desafuero y la resolución de prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner por parte del juez Claudio Bonadío convulsionan a la política y ponen a la expresidenta en el centro de la escena de esta obra maquiavélica, donde cada actor muestra una máscara diferente de la que tiene detrás del telón.

La “Operación Cristina” lanzada desde el Gobierno y ejecutada por Bonadío esconde mucho más que el arresto individual de un juez al que el establishment político y judicial tilda de “incontrolable”. La acusación de “traición a la patria”, sólo emparentada con lo sucedido con Juan Domingo Perón en 1956, no hace más que profundizar una grieta que el Gobierno dice querer cerrar mientras enciende el martillo mecánico. Sin esa grieta se cae el discurso “nosotros o el pasado”.

Necesita Mauricio Macri un jefe de la oposición y, mientras el peronismo cabildea, Cambiemos elige a Cristina, otra vez, como su contracara. Los analistas coinciden en que este caso no afecta tanto a la imagen de la senadora como las otras causas que la tienen en la mira. Ella, si bien perturbada porque las detenciones alcanzan a exfuncionarios con despachos muy cerca del suyo, también aprovecha el momento. Y el peronismo que pretendía jubilarla, ahora se ve obligado a respaldarla.

El Gobierno

No es inocente el Poder Ejecutivo, por más que la mayoría de los funcionarios se escuden en la frase “son cosas de la Justicia, que decida la Justicia”. Pero, de alguna manera, le habría llegado al juez una carpeta que trajo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuando visitó el país en septiembre. Esos papeles sobre el memorándum con Irán formarían parte de la cau-sa que ahora ponen a Cristina, a Héctor Timerman y a Carlos Zannini en una severa encrucijada judicial. Netanyahu le dio a Macri también una serie de documentos clasificados sobre diferentes actuaciones durante la década K.

Tampoco es casual el momento en el que el juez pide la detención, a sabiendas de que la misma no puede producirse mientras la ahora senadora nacional por la Provincia permanezca con fueros. El pedido de detención se hizo fuera del período de sesiones ordinarias, tras la asunción de Cristina en su banca, y con un Ejecutivo aparentemente dispuesto a no solicitar una sesión extraordinaria para tratar el tema.

Ya lo anticipó el propio presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. “Le queremos garantizar a la expresidenta que (el desafuero) va a ser tratado con absoluta

responsabilidad y de acuerdo al Estado de derecho”, dijo la espada PRO. Y dejó en cla-ro que se tomarán su tiempo. Los senadores tienen 60 días para que la comisión estudie el tema y 180 días para que se pronuncie la cámara, de acuerdo a lo establecido por la norma 25.320 (Ley de Fueros).

Traducido, el Gobierno quiere a Cristina apurada judicialmente pero libre. La necesita como figura central de la oposición. De todos modos, en la línea discursiva muchos se salen de la raya que marcan Jaime Durán Barba y Marcos Peña.

Por caso, la electa diputada nacional Graciela Ocaña no pierde oportunidad para expresar su deseo de ver a la senadora Fernández tras las rejas, y sostiene que “Bonadío toma esta decisión en base a la enorme cantidad de pruebas”. Paradójicamente, Ocaña acaba de ser imputada por la fiscal federal Paloma Ochoa por presunta defraudación al Estado cuando era funcionaria K. Acá, también, el Gobierno dice “que decida la Justicia”, aunque el resultado que espera no sea el mismo que para Cristina.

El peronismo

Se equivoca quien crea que Miguel Pichetto esbozó una sonrisa cuando se enteró de que su ahora enemiga interna en la Cámara Alta estaba apurada judicialmente como nunca antes. Para Pichetto, y para todo el peronismo renovador, fue una bomba de implosión en el peor momento.

También fue una pésima noticia para los intendentes peronistas de la Provin-cia, que esperaban deshacerse definitivamente de la influencia de Cristina en las decisiones bonaerenses y apostaban a una jubilación disfrazada de banca mientras ellos reorganizan el partido e invitan a los excluidos.

Les guste o no, en mayor o menor medida, se vieron obligados a pronunciarse a favor de Cristina, y subirse al discurso de “persecución política a la oposición”, acompañado de la teoría de “la cortina de humo para tapar los verdaderos problemas, como la reforma laboral y previsional”.

Bonadío les hizo dar un paso atrás en el intento secesionista, y al colocar a Cristina nuevamente en la tapa de los diarios le subió el precio como figura de la oposición. Lo que quería el Gobierno, pero no lo que pretendían los reorganizadores del PJ.

“No creo que afecte a la renovación del peronismo, afecta al peronismo como la principal fuerza de oposición y el emergente natural de una avanzada muy fuerte del mercado, del círculo rojo a lo que son las reglas de convivencia democrática que marca el republicanismo. Hay que levantar la voz en defensa de esos cánones históricos que nos han dado una referencia republicana a los argentinos”, dijo a La Tecla un alcalde que nunca tuvo la mejor relación con los K.

Por lo bajo, los intendentes del PJ maldicen el momento elegido por Bonadío y la causa usada para avanzar sobre la libertad de Cristina Fernández. “Traición a la patria” es lo que quiso imputarle a Perón en 1956 la Revolución Libertadora. Y a Cristina, las cuestiones épicas la llevan a un estado de éxtasis político.

Rouvier: “El poder judicial en la Argentina es muy sensible a los cambios políticos”

El analista Ricardo Rouvier evaluó las consecuencias del pedido de desafuero y prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que “no es la situación ideal para el Gobierno. Mantiene el eje de la polarización, pero esta situación no favorece en nada, al poner en situación de jaque a Cristina y hacer que hasta los sectores no afines a la expresidenta vean esto con preocupación”.

Respecto de las conclusiones que algunos sacan sobre que Bonadío es un títere del Gobierno, Rouvier señaló que “puede haber, en algún momento específico, una alianza entre el Poder Judicial y el político, pero yo creo que el Poder Judicial en la Argentina es muy sensible a los cambios políticos. No quiero decir que sean mercenarios, pero sí son sensibles al entorno político, viendo los cambios que se van produciendo. Igual vale aclarar que once de los doce jueces federales fueron designados durante el período kirchnerista”.

Además sostuvo que “el peronismo actuó como lo hace históricamente: cuando se ataca a una de sus partes se agrupa con un movimiento de reacción, de autodefensa, que lo ha aplicado muchas veces a lo largo de su historia. Por eso no sorprende que sectores del peronismo no kirchnerista puedan cerrar filas en relación a evitar la pérdida de fueros de la expresidenta”.

Añadió el analista: “El peronismo está preocupado. ¿De qué? De que el Gobierno no vaya sólo por el kirchnerismo sino que vaya por todo el conjunto del peronismo, en un proceso que puede ser de sanción (delitos o supuestos delitos) o de absorción, invitando a sectores del peronismo para que se integren a Cambiemos para neutralizarlo”.

LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Constitucionalista afirma que algunos legisladores no sabían que votaban

Lejos del debate de café, más influenciado por pasiones y simpatías -o antipatías- personales, la causa por traición a la patria iniciada por el juez Claudio Bonadío exige un análisis más preciso.

En tal sentido, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que “hay algo en la tramitación de la causa que ha pasado desapercibido, como ocurre en varias testimoniales, citadas en fojas 55 a 58, de varios diputados y senadores en aquel momento oficialistas, como Diana Conti, (Agustín) Rossi, (Miguel) Pichetto o Abal Medina, que había sido el jefe de Gabinete de Cristina”.

En el caso de Abal Medina, el constitucionalista aseguró que cuando prestó declaración testimonial dijo “‘yo no sabía nada, esto fue una negociación secreta, nunca pasó por mis manos, yo me enteré por los medios. Incluso hubo diputados que dijeron que defendieron el proyecto del Poder Ejecutivo tal cual como vino, ellos nos dieron los fundamentos, etcétera’”.

“Cuando Bonadío dijo que el Congreso no sabía de este plan criminal al aprobar este memorándum, no es que lo invente, sino que los propios diputados y senadores oficialistas, cuando tuvieron que declarar frente a él, se lo dijeron. Y era algo muy común en esa época que funcionaran como una escribanía”.

El profesional indicó que “esto es de gravedad institucional y es un punto muy relevante desde el punto de vista penal. Por eso, cuando Bonadío dice que esto es un plan criminal pergeñado por Cristina Fernández de Kirchner, unos funcionarios dijeron que no tenían conocimiento. Otros, como el entonces jefe de Gabinete y los que lo aprobaron, declararon en la propia causa; así que Bonadío no lo inventa. Eso es algo grave y que muestra que algo raro sucedió. Porque se quebró toda una política de Estado, porque no se consultó a las víctimas, tampoco a las organizaciones que representaban a las víctimas, porque había un memorándum que a las horas de firmarlo, el Ejecutivo ya operaba en Interpol; y esto surge de los propios dichos de los propios diputados y senadores oficialistas”.

Gil Domínguez añadió que es frecuente que “se declare una serie de cosas en los medios y otra muy distinta cuando se sientan frente a un juez penal por una causa tan sensible como esta”.

Diputados K se defienden y aseguran saber que se estaba votando

Pese a que en el fallo del juez Claudio Bonadío el rol del Congreso queda desdibujado, y los legisladores son excluidos de la presunta “traición” cometida contra la patria, diputados del Frente para la Victoria que ocupaban bancas en el Congreso en aquella época, en diálogo con La Tecla remarcaron que tenían conocimiento de lo que votaban cuando se puso a consideración del Legislativo el memorándum con Irán.

“Me parece digno de Bonadío subestimar al poder legislativo. Somos adultos y podemos tomar posición. Lo hicimos convencidos de que era lo correcto en ese momento. Esa idea tiene que ver con su ensañamiento contra Cristina, porque no quiere politizar la cuestión, cuando es una cuestión de política”, dijo a este medio Carlos Raimundi, diputado en ese entonces, que volvió a la cámara tras el reciente recambio legislativo.

En un sentido similar se manifestó el exdiputado y exministro de Educación bonaerense Mario Oporto, quien opinó que no se está ante una “guerra”, como para acreditar traición contra la patria o la nación.

“Tenía idea de lo que se estaba votando y creo que era lo mejor para el país, lo que no significa que no pudiera estar equivocado. Fue un rico debate en el Congreso. Hubo una mayoría que decidió aceptarlo, pero no se puede criminalizar las decisiones políticas”, ahondó.

Por último, la por entonces diputada Diana Conti aseguró que las detenciones y el pe-dido de desafuero de la expresidenta tienen como “objetivo último silenciar la voz de Cristina Kirchner, ahora desde su banca de senadora, y ocultar las consecuencias”.

“Los legisladores sabíamos perfectamente qué estaban votando. Tuvimos el texto del memorándum. En lo particular, consideraba que era un camino, porque sin indagatoria de los imputados no hay proceso penal que pueda avanzar. Probablemente, a lo que se refiera Bonadío es a que no sabíamos los hechos que él narra en la causa; algo que no es exacto, no porque no sea verdad, sino porque no ocurrieron”, argumentó la exlegisladora.