Sin embargo, en el ejercicio del 2010, la Unión de Financiamiento Internacional (UFI) que maneja préstamos internacionales del Banco Mundial y el Banco de Desarrollo y que dependen del Ministerio de Hacienda, contabilizó que en el tesoro faltaban casi 850 mil pesos que habían salido del segundo piso de Casa de Gobierno en forma de cheques destinados a saldar órdenes de pago ficticias.

"Concretamente se detectó la emisión de órdenes de pago ficticias (en cheques) que han ido a parar a cuenta de particulares y no a proveedores", expllicó el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, junto al responsable desde hace 20 días de la UFI, Juan Pablo Tari.

La estafa millonaria habría sido pergeñada por cuatro empleados de planta permanente entre los que se mencionan al actual tesorero de la UFI, Federico Acuña, y de su antecesor, Marcelo Martorell, quien renunció en marzo. Ambos serían socios en una consultora privada, según informaron fuentes gubernamentales. Sin embargo, quien también estaría complicada por la responsabilidad que le toca cumplir, es la directora de administración de esa oficina, Mariflor Rubio y una segunda mujer, Soledad Pastrana.

La participación de los funcionarios, todos en planta desde el Gobierno de Julio Cobos, estaría comprobada porque sus firmas aparecen en varios documentos. Las operaciones fraudulentas se vienen haciendo cual trabajo de hormiga desde enero del 2010 hasta los últimos meses de lo que va de este año.

Una de las hipótesis presume que, como la UFI funciona como agente de retención, el valor de los cheques habría salido de las retención que Hacienda realiza a los proveedores para la AFIP, al parecer de impuestos a la ganancias y a Ingresos Brutos. Sin embargo, son puras especulaciones hasta tanto la Unidad Fiscal de Delitos Complejos a cargo de Claudio Ríos se expida en el caso.

La fiscal especial estuvo toda la mañana de ayer iniciando medidas judiciales pero sin revelar detalle ya que hasta el momento la causa permence en secreto de sumario. Lo cierto es que las primeras versiones indican la operación de una especie de asociación ilícita que desviaba fondos públicos a cuentas de particulares sin dejar constancia del uso de los recursos.

Por el momento, se analiza el paradero de los cheques de sumas millonarias que, según versiones extraoficiales, estarían depositados en el Banco Nación. Estos papeles han sido desviados desde el año pasado por órdenes ficticias y se estima que los involucrados emitían un cheque por mes.

"Haciendo las auditorías pertienentes, nos dimos cuenta que había cheques que iban a parar a cuentas no determinadas y que sumaban, en principios, 850 mil pesos", especificó Cerroni, quien agregó: "Esta es una suma inicial no sabemos si el monto es mayor. Es algo que se irá dilucidando con las investigaciones de la fiscal", aclaró el ministro.

Por su parte, Juan Pablo Tari (reemplazante de Alberto Gurruchaga en la Subsecretaría de Gestión Pública), explicó que los funcionarios sospechados por fraude fueron desplazados de sus cargos preventivamente, aunque aclaró que uno de ellos ya había renunciado en marzo. "Además de la denuncia penal, se les inició un sumario administrativo y fueron suspendidos", agregó.

La resolusión fue emitida por el Ministerio de Hacienda y los dejará sin trabajar hasta tanto se obtengan más precisiones de las irregularidades.

No obstante, el funcionario de Jaque destacó: "El daño no se produjo a terceros porque no se dejó de pagar nada. El único afectado fue el Estado". Además, el ministro explicó "todo es muy reciente y no descartamos que existan más cheques emitidos de manera irregular". El titular de Hacienda y el mismo Juan Pablo Tari enfatizaron en la idea de que los empleados involucrados en la estafa "pertenecían al gobierno anterior".