"Recordamos que al presentarnos inicialmente habíamos pedido la suspensión de los efectos de la Declaración de Impacto Ambiental que habilitaba la obra. La Dra. González de la Riva admitió el amparo, pero denegó la medida cautelar, y eso es lo que apelamos, y que el OPDS no contestó".

Contestó el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, y en su “responde” incluyo el acto administrativo impugnado, la Disp. 4121/2009. Ese documento tiene en blanco el espacio en donde debió haber indicado las coordenadas del sitio en el que se dispondrán los refulados. Para nosotros, ese vicio constituye una nulidad insanable de la mencionada disposición.

Por otra parte, la respuesta del CGPBB ratifica "lo que sosteníamos, no hubo audiencia pública, pero no solo eso: en realidad, no hubo ni siquiera Evaluación de Impacto Ambiental, pasaron directamente del Estudio de Impacto Ambiental, a la Declaración de Impacto Ambiental".

"AVDA no puede dejar de expresar su profunda preocupación por los efectos que esta situación tendrá en la operatoria portuaria, que no son imputables ni a esta Asociación Vecinal ni a nadie más que quienes tienen la responsabilidad de cumplir con la Ley en la gestión de la cosa pública, y en lugar se conducen con una notoria desaprensión omitiendo aspectos esenciales, algo que ya anticipábamos en anteriores comunicados".