Como se informó en su oportunidad, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) llevó a cabo un operativo en todo el partido de Luján. Los trabajos se extendieron durante más de una semana e incluyeron a 150 empresas de segunda categoría y 22 de tercera, clasificación vinculada a la complejidad ambiental de cada actividad y su posible impacto en el entorno.

El saldo total fue de nueve establecimientos clausurados dedicados a distintos rubros de la producción. La información acercada a este medio desde el OPDS menciona, además, las irregularidades que motivaron las sanciones, aunque no se brindaron precisiones de cada caso en particular sino de manera genérica.

Una de las empresas que aparece en el listado enviado por el organismo bonaerense es TMC Sudamérica, una firma que funciona en el Parque Industrial Flandria de la localidad de Jáuregui y se dedica a la elaboración de transformadores eléctricos secos y encapsulados.

La metalúrgica Inaforja, cuyas instalaciones están emplazadas en Fray Manuel de Torres, también fue clausurada por el OPDS, al igual que Biokeen y Chacinados Scarano. Otras de las empresas sancionadas fueron Cerámica Cortínez y la metalúrgica Magadán. Igual suerte corrió la firma Arotcarena Juan Carlos. Por su parte, entre los expedientes del organismo provincial también figuraba la clausura de Milicich Néstor Alejandro. Sin embargo, desde la misma empresa aclararon que solamente se suspendió el funcionamiento de un compresor.

Además, la inspección del OPDS sumó una complicación a los trabajadores que agrupados en una cooperativa intentan reactivar a Vandenfil. La textil se sumó a la lista de establecimientos clausurados.

Así como no se incluyen discriminadas las irregularidades de cada una de las empresas mencionadas, tampoco se informó la duración de las medidas dispuestas.

GENERALIDADES

En el informe elaborado por el OPDS a pedido de este bisemanario se explica que "todas (las empresas) fueron clausuradas por Aparatos Sometidos a Presión (ASP), en su mayoría no contaban con los ensayos que estos exigen por la Resolución 231, algunos equipos no contaban con detectores de amoníaco, otros por muy mal deterioro de los mismos". A su vez, "en algunos casos las calderas carecían de foguistas".

Desde un lenguaje técnico, se expresó que "hay que tener en cuenta que este aparato (ASP) cuando funciona eleva distintos tipos de presiones en la caldera y al no contar con los ensayos exigidos por la ley los trabajadores están frente a un peligro inminente".

Además de las clausuradas, otras empresas "fueron infraccionadas por faltarles documentación, planes de gestión ambiental, planes de manejo de residuos, mal manejo de residuos especiales y falta de actualizaciones relevantes de las industrias, entre otras".

Según el OPDS, "a todas se las intimó para su regularización y además el personal técnico del Laboratorio Mívil tomó muestras a todas las empresas con vuelcos de las cámaras de aforo, cuyos resultados estarán disponibles en aproximadamente 25 días y si estos no respetan los condicionamientos de las leyes 11723 y/o 11720 , serán clausuradas".