Qué tienen en común el bus turístico, los refu­gios en la vía pública, la nueva web del go­bierno porteño, los carteles de los museos o los que anuncian obras públicas? El inconfundible color amarillo con el que el PRO identi­fica su partido.

El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, utiliza ese color para sus ac­tos partidarios, pero también para toda comunicación de actos de go­bierno. Así, financia la campaña propagandística de PRO con fon­dos públicos. Lo hace utilizando el amarillo y negro característico de su partido en todas las comunica­ciones del Gobierno. Para poder hacerlo, vació de contenido la ley que regula la pauta publicitaria ofi­cial en la Ciudad.

Sólo revisando los últimos actos de gobierno publicados en el sitio oficial de la gobernación, se pue­den ver los colores insignia del PRO en la presentación del Plan Integral de Seguridad, el Hidráulico, el de Movilidad Sustentable, el de Infra­estructura y el de Higiene Urbana. Ni el Concierto de Campanas 2010 quedó afuera del marco propagan­dístico que el jefe comunal les im­prime a los actos de gobierno. Esto se extiende a las calles: los carteles de obra y de anuncios nada tienen que envidiarles a los taxis de la Ciu­dad y hasta a los subterráneos de la línea D, socios oportunos e involun­tarios de los colores que Macri eli­gió para Propuesta Republicana, tal el nombre completo de su partido.

"Esto ya lo vimos en la campa­ña 2009. Los carteles con la candi­datura de Gabriela Michetti como diputada eran del mismo color que los oficiales. He visto juntos, el año pasado, tres carteles: uno que ha­blaba de mejoras en la Ciudad, ro­deado por dos carteles de campa­ña de Michetti diputada", relató a Diario Z Pablo Secchi, director de Instituciones Políticas y Gobierno de Poder Ciudadano.

En esa sintonía se manifestó la legisladora María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires): "Ma­cri publicita la creación de la Poli­cía Metropolitana y coloca carte­les indicadores de las comunas con el color amarillo de su partido po­lítico. Es abuso de poder y de au­toridad. corrupción política. utilización de fondos públicos con fines partidarios", disparó, y ade­lantó que denunciará el asunto en la Legislatura y en la Justicia.

HECHA LA LEY

Sin embargo, con esta utiliza­ción de fondos del Estado para lle­var agua al propio molino partida­rio, el Gobierno de la Ciudad no está violando ninguna reglamen­tación. No porque no haya existi­do, sino porque Macri se encargó de crear el vacío legal. Afines de 2009, en la última sesión del año, la Legislatura sancionó la Ley 3.391, que establecía el primer marco re­gulatorio para la administración de la pauta publicitaria en la que supera los 100 millones de pe­sos anuales. El texto, de por sí, era escueto, ya que el macrismo había negociado con la oposición la quita de varios de los artículos importan­tes. Finalmente se llegó a un tex­to común de 18 artículos. Pero a Macri le pareció poco: mediante el decreto 122/10, fechado el 25 de enero último, vetó la mitad de los apartados. Para justificar el veto a la prohibición del uso de colores, el decreto dice que "dicha prescrip­ción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo"; que corresponde "a la Secretaría de Comunicación Social elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de gobierno" y que "resulta improce­dente que el Poder Legislativo de­termine qué elementos o símbolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públi­cos del Poder Ejecutivo".

Otros artículos igual o más re­levantes tampoco pudieron entrar en vigor. El 8º, inciso a, prohibía "incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector públi­co". Según la Asociación por los derechos Civiles (ADC), "ambas prohibiciones -el color y la parti­cipación de funcionarios- tienen por objetivo evitar que los avisos oficiales se utilicen como herra­mientas de propaganda al servicio de los gobiernos y funcionarios de turno, o de fuerzas políticas en particular, desvirtuando el sentido de utilidad pública que debe regir para la publicidad oficial".

El veto asimismo borró el artí­culo 6º, que explicitaba que "los poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju­dicial deben enviar a la Legislatura en forma anual un plan estratégi­co de comunicación" que debería incluir "objetivos de campaña" y "costos estimativos". También el 9º, que planteaba limitaciones a la pauta publicitaria en procesos electorales, y el 16º, que obligaba a los diferentes estamentos públi­cos a colocar en sus páginas web el plan de publicidad anual; el in­forme anual de la publicidad eje­cutada el año anterior y los regis tros de Medios de Comunicación y de Agencias de Publicidad, con­templados en los artículos 10º y 11º de la ley, fueron eliminados por el mismo decreto. Todo un paquete de disposiciones estable­cidas para transparentar el mane­jo del dinero y evitar favores polí­ticos a publicistas amigos.

La misma suerte corrió el ar­tículo 17º, que establecía sancio­nes a funcionarios y empresas que violen la ley, y el 18º, que prohibía reasignar partidas para publicidad sin "expresa autorización legislati­va". "El veto -según la ADC- vacía aún más de contenido a esta ley, y demuestra una reticencia del Eje­cutivo a administrar los fondos públicos destinados a pauta de modo transparente".

El puntapié inicial para avanzar en la regulación de la publicidad oficial en la Ciudad lo dio en 2006 el entonces legislador Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), quien re­dactó un primer texto que consen­suó con la ex jefa del bloque PRO, Gabriela Michetti. "Firmó conmi­go un dictamen que es el mismo que ahora vetó Macri", afirmó el ex diputado porteño a Diario Z. Por su parte, Gabriela Cerruti ela­boró un plan propio, el más com­pleto de todos. El primero tenía 23 artículos; el de la ex funcionaria de Telerman, 53, repartidos en títulos y capítulos. PRO sacó un proyec­to propio con la firma de la legisla­dora Diana Martínez Barrios. Tenía apenas 10 artículos. Los que cono­cen de asuntos legislativos saben que es más fácil negociar con un proyecto vacío que sin proyecto.

De este paquete de proyec­tos, el PRO no aceptó, por ejem­plo, límites al gasto, establecer una autoridad de aplicación y una co­misión parlamentaria de segui­miento, o fijar límites al gasto en año electoral. Secchi confirmó que en 2009, a medida que se acerca­ban los comicios, crecía el desem­bolso de dinero para publicidad.

La batalla más dura se dio cuando se debatía el alcance de la ley. El texto de Di Filippo habla­ba de "sector público", mientras que el de Cerruti hacía extensiva la reglamentación a "la Adminis­tración Central, entes descentra­lizados, entidades autárquicas, el Poder Legislativo y Judicial, y las empresas y sociedades del Esta­do". El texto final determina que los únicos obligados a planificar y transparentar su publicidad son "el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial". Entes descentralizados, como AUSA o el Banco Ciudad, quedan libres de rendir cuentas a la Legislatura.