“Su llamado es la primera noticia que tengo respecto al proyecto legislativo”. La voz, al otro lado de la línea telefónica, era la del defensor del Pueblo de la Provincia, Miguel Alegre. Luego de mostrar asombro, comentó a época que no conoce la iniciativa del diputado liberal Ramón Simón, quien pretende que el ombudsman correntino investigue las causales de la rescisión de contrato entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y Nación Seguros.

Esta tarde, los diputados concretarán su sesión ordinaria semanal. El Orden del Día establece que entre las iniciativas legislativas que tomarán estado parlamentario (es decir, tendrán su ingreso oficial) está incluido el proyecto de Resolución de Simón.

La intención del diputado liberal está relacionada con la rescisión del contrato, en forma unilateral, del organismo previsional (que nuclea a los jubilados y pensionados provinciales) con la aseguradora que pertenece al grupo financiero liderado por el Banco de la Nación Argentina.

A partir de la decisión del IPS, el convenio por la cobertura de vida obligatoria a cargo de dicha empresa para los afiliados al ente previsional fenecerá el próximo 1 de julio (ver recuadro).

En la pasada sesión del 1 de junio, el opositor bloque del Partido Justicialista presentó un proyecto de Resolución para que el IPS detalle los motivos por los cuales rescindió el contrato con Nación Seguros, si la rúbrica de un nuevo convenio se efectuará en forma directa sin llamado a licitación y si la firma Argentina, Salud y Vida (que ya prestó el servicio con anterioridad y cuya cancelación de servicios se dio en medio de fuertes críticas por supuestos incumplimientos) es la elegida para la brindar la futura cobertura.

En aquella sesión, el oficialista bloque de la Unión Cívica Radical y sus aliados parlamentarios impusieron mayoría y frenaron el tratamiento del proyecto del peronismo. La decisión adoptada fue girar el expediente a comisión, una forma elegante de dilatar su análisis.

De acuerdo al Orden del Día para la sesión de esta tarde, hay tres proyectos en condiciones de ser tratados (uno de ellos con preferencia) y otros 28 que pasarán a Prensa (es decir, serían analizados en el recinto legislativo en el próximo encuentro parlamentario). Ninguno de ellos es la solicitud del justicialismo. En simples palabras, la pretensión del peronismo está casi condenada al olvido (o al cajoneo eterno).

Si bien en la teoría la diferencia del proyecto de Simón con la del justicialismo es que no se trata de un pedido de informe sino de una solicitud para que un organismo del Estado investigue, en la práctica política tiene un significado diametralmente diferente: la presentó un legislador aliado al Gobierno de Ricardo Colombi.

“Si la Cámara de Diputados me pide que investigue, no tengo problemas en hacerlo. Todos los organismos públicos son área de mi competencia”, señaló Alegre ante la requisitoria de época.

De todas maneras, Alegre comentó a este medio que no tiene conocimiento respecto al alcance de la rescisión del contrato. Sólo dijo que leyó “en algún portal (página de Internet)” respecto al tema pero que no está al tanto del mismo.

“Pero los legisladores tienen el mismo alcance que la Defensoría del Pueblo sobre el pedido de informes a los organismos del Estado”, apuntó Alegre. Luego de que época le apuntara que una solicitud, en este sentido, presentada por el justicialismo se encuentra en comisión de Diputados, comentó que tampoco conocía de tal proyecto legislativo.

“Tengo el poder de investigación. Así que si Diputados advierte de alguna posible irregularidad por acción u omisión y me lo comunica haré los pedidos de informes necesarios”, aseveró Alegre.

Si el proyecto del liberal Simón tiene el mismo final que el de los peronistas, es decir, que no logre sortear la supremacía del oficialismo radical y sus aliados, el expediente terminaría guardado en un cajón. Sin embargo, ahora se abrió una nueva instancia. El ombudsman ya sabe -por época-que hay un asunto pendiente de investigación y podría actuar de oficio. ¿Será así?

Los antecedentes, ahora contemplados en un proyecto legislativo

Tal como lo adelantara época en su edición del 3 de junio, el diputado liberal Ramón Simón detalla en su proyecto de resolución los antecedentes de la rescisión del contrato.

El pasado 23 de mayo, el Ministerio de Hacienda de la Provincia dictó la Resolución Nº189 mediante la cual autorizó, en su artículo 1º, la rescisión de contrato entre el IPS y Nación Seguros. Un día después (el 24 de mayo), la interventora del organismo previsional, Estela Regidor, informó a la aseguradora del cese unilateral del convenio, aunque la cobertura para los jubilados llegaría hasta el último día de este mes.

En el artículo 2º de la Resolución Nº189 se facultó al IPS a celebrar un contrato de cobertura de seguro de vida obligatorio con el Banco de Corrientes SA en su carácter de agente institorio.

El artículo 2º de la Resolución Nº189 indica “contratar con la compañía aseguradora más conveniente” y no menciona con qué empresa se tomaría la póliza. Sin embargo, en el “Visto” de dicha disposición se menciona al Expediente 841-474/2011 caratulado “Instituto de Previsión Social Corrientes Ref. Contratación compañía de Seguros -ARG. SALUD Y VIDA”.

A través del acuerdo con el Banco de Corrientes para que éste a su vez firme un convenio con Argentina, Salud y Vida, se evitaría el llamado a concurso de precios y se efectivizaría un contrato directo con una empresa privada.

Algo similar ya concretó el Gobierno de la Provincia, durante la primera gestión de Ricardo Colombi y también con Enrique Vaz Torres como Ministro de Hacienda, cuando vía Banco de Corrientes se tercerizó la percepción de los tributos de Rentas y se la dejó en manos privadas sin licitación ni concurso de precios.