Tal como lo había anticipado a principios de julio, el defensor del Pueblo de Río Cuarto, Eduardo Mugnaini, presentó ayer el pedido de una medida cautelar contra la aplicación de la sobretasa municipal destinada a gravar los servicios de televisión por cable, telefonía móvil y fija e Internet que abonan los vecinos de esta ciudad.

En forma simultánea, el ombudsman riocuartense solicitó al más alto cuerpo judicial una declaración sobre la constitucionalidad o no de estos nuevos tributos que fueron aprobados por el Concejo Deliberante a partir de una iniciativa del intendente Juan Jure.

El asesor letrado de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Bressan, se dirigió a los vocales que integran el Tribunal Superior con este doble recurso, clave para determinar la legitimidad o no de la sobretasa que Jure impulsa con el fin de recaudar dinero adicional para dos fondos: uno de obras públicas y otro de apoyo financiero a distintas instituciones.

Mientras el TSJ analiza la cuestión de fondo que tiene que ver con la constitucionalidad de la sobretasa, deberá expedirse en forma anticipada sobre la medida cautelar que exige Bressan. Esta última acción apunta a evitar que los ciudadanos paguen este nuevo tributo antes de que el máximo Tribunal determine si es válido o no.

En otras palabras, Mugnaini pretende que el TSJ suspenda transitoriamente la aplicación de la sobre tasa hasta determinar si es legal.

Como el municipio espera que las empresas de servicios de telefonía, Internet y cable apliquen el tributo desde setiembre, urge que el máximo cuerpo judicial de Córdoba se expida rápidamente.

Si se acepta el pedido de no innovar solicitado por Mugnaini, todos los vecinos quedarán dentro de esa cobertura legal y tendrán el derecho a no abonar la sobretasa.

Cabe recordar que ya el juez de Control de Río Cuarto hizo lugar a dos amparos en forma individual contra el flamante impuesto creado por el municipio de Río Cuarto.