La centralización de los recursos fiscales y la discrecionalidad en su distribución han sido dos vigas maestras del poder del matrimonio. Hasta ahora, ese yugo había sido aceptado sin discusión por aquellos que cargaban con él. Pero, ante la amenaza opositora de coparticipar el impuesto al cheque, los Kirchner están obligados a justificar su señorío. Es una de las consecuencias más relevantes de la derrota electoral del 28 de junio pasado.

La sola invitación a la reunión de este mediodía exhibe la arbitrariedad con que la Casa Rosada administra el vínculo federal. Críticos como Mario Das Neves (Chubut), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y el radical Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca) deberán esperar otra ocasión para visitar la casa. Sólo fueron convocados los gobernadores oficialistas. Aun así, entre ellos existen grados distintos de subordinación. La lealtad faldera de Daniel Scioli (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Daniel Peralta (Santa Cruz) y José Alperovich (Tucumán) permitirá a José Luis Gioja (San Juan), Gildo Insfrán (Formosa), Walter Barrionuevo (Jujuy), Celso Jaque (Mendoza) o Juan Urtubey (Salta) jactarse de su ínfima independencia. Estos últimos se animan a esporádicas reuniones de camaradería. Eso sí, en el caso de tener que encontrarse con algún colega que no cae simpático al matrimonio -como sucedió con uno de ellos la semana pasada- prefieren hacerlo en la casa de algún amigo común. "Acá todo está controlado, ¿vio?", se justifican.

La supervivencia de Kirchner depende de esta sujeción. Devaluado en las encuestas, el santacruceño sólo puede imponer sus pretensiones electorales con el rigor de la caja. Así se explica que los más interesados en automatizar la distribución de fondos federales sean los líderes del peronismo disidente. Ellos son los que alientan con mayor ahínco la coparticipación del impuesto al cheque, que garantizaría a las provincias el cobro de unos $ 8200 millones por año.

Cristina Kirchner apuesta todavía a que sus rivales no alcanzarán el quórum en el Senado. Si no, vetará la ley. Pero Felipe Solá está a punto de inventar un antídoto para ese veto: en estas horas les está proponiendo a Oscar Aguad (UCR), Federico Pinedo (Pro), Graciela Camaño (duhaldismo) y Patricia Bullrich (Coalición Cívica) redactar un proyecto que anude en un solo texto el Fondo del Desendeudamiento con la coparticipación del impuesto al cheque, cuya alícuota se reduciría para las pymes. Si la Presidenta vetara una cosa terminaría vetando la otra. El autor de esta estrategia es Alberto García Lema, constitucionalista que asesora a Solá y a Camaño.

Deudas

Para desbaratar el asedio sobre su caja, los Kirchner amenazan con suspender la refinanciación nacional de las deudas provinciales, establecida en los Programas de Asistencia Financiera (PAF). Es una amenaza débil, ya que esos programas fueron aprobados por el Congreso en el presupuesto. De todos modos, el proyecto de Solá establecería también que esas deudas, a medida que vencen, se vayan saldando con los $ 8000 millones de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), que el Ministerio del Interior ha dejado de repartir hace tiempo. El cobismo, Camaño y Alfonso Prat-Gay presentaron iniciativas similares.

La discusión del impuesto al cheque y, más tarde, la de las retenciones agropecuarias -que este año equivalen a $ 30.000 millones- desnudarán la anatomía del poder fiscal del kirchnerismo. La ley de coparticipación dispone que las provincias deben recibir el 57% de la recaudación federal. Sin embargo, en 2009 recibieron el 25%. Si se omite lo que ceden a la seguridad social y por retenciones, recibieron el 33%.

El desequilibrio más escandaloso beneficia a la Anses. Desde que se privatizaron las jubilaciones, en 1993, ese organismo se apropia del 15% de la recaudación total, que recién después se coparticipa. La exacción se justificó en que había que solventar la transición al sistema de capitalización. Sin embargo, ahora que se volvió al régimen estatal, las provincias siguen cediendo esos fondos a la Anses. En 2009, la transferencia fue de $ 26.071 millones. Es decir, casi tres veces lo que se coparticiparía del impuesto al cheque. Esos fondos le dan a la Anses un superávit con el que financia programas provinciales. De ese circuito Kirchner saca el insumo político que más aprecia: discrecionalidad.

Clientelismo de elite

A partir de hoy saldrá a la luz el pacto extorsivo en el que se funda este clientelismo de elite. Los habitantes de las provincias que pretendan emanciparse serán castigados con el recorte de los programas que les asigna la administración central. Son el Fondo de Incentivo Docente, el de Asistencia Alimentaria, el de Atención a la Madre y al Niño, el plan Techo Digno, el Más Escuelas, Más Educación, el de Fortalecimiento del Hábitat, el de Rutas, el de Obras Hídricas de Saneamiento, o el de Mejoramiento de Barrios, entre otros. Sobran anécdotas sobre cómo Kirchner cede o retacea estos recursos. El año pasado, por ejemplo, mientras suscribía contratos de obra pública con un intendente, Scioli recibió una llamada de su jefe, que miraba el acto por TV: "Decile al pibe que si no acepta las [candidaturas] testimoniales, está firmando papel picado".

En rigor, los Kirchner corren a los gobernadores con la vaina. En 2009, los giros discrecionales a las provincias fueron de $ 26.425 millones. Pero la Nación les arrebató $ 34.271 millones sólo por las transferencias a la Anses y el impuesto al cheque. Además, el reparto discrecional no se ajusta a un índice objetivo, sino a otro, imponderable, de obediencia política. Ayer LA NACION expuso el extraordinario beneficio que, gracias a este capricho, obtuvo Santa Cruz el año pasado. Para corregir esa injusticia, el salteño Urtubey propone establecer un fondo para distritos empobrecidos. ¿Se animará a plantearlo hoy en Olivos?

Estas deformaciones no sólo condenan a los gobernadores a un sacrificio económico. También les hacen pagar un costo electoral. La humillación que los Kirchner les imponen a las provincias será un argumento principal de la campaña de la oposición en cada distrito. Quienes se sienten hoy a la mesa presidencial deberán explicar por qué ceden al poder central mucho más de lo que reciben.

Para suerte de los Kirchner, al actual elenco federal le falta un Néstor Kirchner. Nadie agitó más que él la bandera del autonomismo provincial mientras fue gobernador. Pero nadie ejerció de manera más unitaria el poder de la Nación. Cuando se haga la lista de las convicciones que este santacruceño dejó en la escalinata de la Casa Rosada, el federalismo será la primera. Es lógico: él sabe el riesgo que corren los presidentes cuando los gobernadores atan su caballo a la pirámide.